El Consejo Nacional de Litigio Estratégico y la Clínica de Litigio del Laboratorio Electoral presentaron una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas irregularidades en la elección judicial mexicana. El recurso legal representa a diversas candidaturas que participaron en los comicios de 2025 y busca que el organismo internacional conozca las fallas en la integridad del proceso.
La solicitud argumenta que el Estado mexicano incumplió con las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el documento presentado, las elecciones judiciales carecieron de los estándares mínimos de independencia, afectando tanto los derechos políticos de los participantes como el principio de división de poderes.
Argumentos de la impugnación internacional
Los promoventes señalaron que la petición se interpuso tras agotarse la cadena impugnativa en instancias nacionales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó previamente los comicios, a pesar de las denuncias sobre inequidad en la contienda y el uso de herramientas externas para orientar el voto, descritas por las organizaciones como «acordeones«.
El objetivo central del litigio es que la CIDH someta el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una sentencia vinculante. Se busca una resolución que responsabilice al Estado por la vulneración a la libertad de expresión, el derecho a un recurso judicial efectivo y la autonomía de la judicatura.
Precedentes y criterios regionales
La defensa de las candidaturas fundamentó su solicitud en criterios previos de la propia Corte IDH, citando específicamente el caso Capriles contra Venezuela. En dicha sentencia, el tribunal interamericano estableció que todo proceso electoral debe celebrarse bajo principios de integridad, imparcialidad y transparencia para ser considerado democrático.
De proceder la petición, el organismo internacional analizará si los mecanismos de control en México fueron insuficientes para garantizar la equidad procesal. Los representantes de las candidaturas manifestaron su confianza en que el estudio de fondo evidencie las deficiencias técnicas y políticas que, a su juicio, despojaron de legitimidad al proceso de renovación del Poder Judicial.
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