El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que la presentación formal de la reforma electoral se postergará —de nueva cuenta—, ahora hasta el próximo lunes. Tras una reunión en Palacio Nacional, el legislador señaló que, aunque la Presidenta de la República expondrá los lineamientos generales este miércoles, se otorgará un plazo de cuatro días adicionales para que los partidos aliados revisen el documento técnico.
La decisión de retrasar el ingreso formal de la iniciativa responde a la existencia de «indefiniciones» dentro de la coalición gobernante. Monreal Ávila reconoció que, si bien hay acuerdos en lo general, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen observaciones en puntos específicos que requieren una «reflexión final» antes de que el texto sea turnado a las cámaras.
Fracturas en el bloque oficialista
El coordinador parlamentario admitió que, si bien hay avances, la unidad del bloque no es total. «En algunas partes sí [están de acuerdo], en otras cosas hay indefiniciones», señaló el legislador al ser cuestionado sobre la postura de sus aliados. Esta falta de cohesión obligó a detener la ruta crítica original para evitar un rechazo temprano en las comisiones dictaminadoras.
El contenido de la iniciativa, que retoma los 12 puntos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, será redactado formalmente durante el fin de semana. Monreal Ávila evitó garantizar la aprobación unánime de los aliados al concluir el periodo de reflexión, limitándose a asegurar que la bancada de Morena actuará de forma disciplinada frente a la propuesta presidencial.
Carrera contrarreloj
En este marco, debemos recordar que el tiempo se ha convertido en el principal adversario de la coalición gobernante. Como lo adelantamos en fermoctezuma.news desde el pasado 15 de enero, cualquier modificación fundamental a las normas electorales debe estar promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar el 31 de mayo de 2026. De lo contrario, el Artículo 105 de la Constitución invalidaría su aplicación para el proceso federal de 2027.
Este «muro infranqueable» de 90 días previos al inicio del proceso electoral en septiembre deja un margen de apenas tres meses para un proceso de alta complejidad. La ruta crítica no solo exige la aprobación por mayoría calificada en ambas cámaras, sino el aval de al menos 17 congresos estatales y la posterior creación de las leyes secundarias que den operatividad a la reforma.
Riesgos jurídicos y leyes secundarias
El mayor riesgo reside en el cuello de botella de la legislación secundaria. Sin estas normas publicadas antes de la fecha límite, la reforma constitucional resultaría inaplicable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido criterios estrictos sobre la certeza jurídica, advirtiendo que cambios fuera de plazo vulneran la equidad de la contienda.
La actual parálisis interna con los aliados no solo pone en duda el contenido de la reforma, sino su viabilidad constitucional. De agotarse marzo sin una declaratoria de constitucionalidad, el margen para las leyes secundarias en abril y mayo será nulo, dejando la estructura del INE y los métodos de elección intactos para la elección intermedia de 2027.
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