Información difundida en plataformas digitales afirma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fiscalizará de forma individual todas las transacciones con tarjetas de débito y crédito. No obstante, especialistas aclaran que la autoridad fiscal no realiza una revisión manual de cada compra, sino que emplea mecanismos de cruce de información automatizados para detectar posibles discrepancias fiscales.
En México, las autoridades detectan inconsistencias cuando el nivel de gasto de un contribuyente no coincide con los ingresos reportados en sus declaraciones. El sistema opera mediante algoritmos que identifican diferencias entre los ingresos declarados, la facturación emitida y los movimientos financieros relevantes reportados por las instituciones bancarias.
Montos de referencia y alertas
Existen parámetros específicos que pueden detonar una revisión por parte de la autoridad si no existe congruencia con los ingresos. Según datos técnicos, se consideran dos montos de referencia basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA):
- 805 UMAs mensuales: equivalentes a aproximadamente 94 mil 435 pesos.
- 1,285 UMAs mensuales: alrededor de 150 mil 743 pesos.
La presencia de estos montos en las cuentas no implica una sanción automática, sino que funciona como un parámetro de alerta. Ocultar ingresos o declarar cantidades menores a las percibidas realmente puede derivar en una investigación formal. En casos donde se demuestre un origen ilícito del capital, podría configurarse el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Recomendaciones sobre el uso de plásticos
Aunque no existe una prohibición legal para prestar tarjetas de crédito o débito a terceros, especialistas advierten que esta práctica es bajo responsabilidad del titular. El riesgo radica en que el gasto realizado por otra persona se suma al historial del dueño de la cuenta, lo que podría generar una incongruencia fiscal si supera sus ingresos reportados.
La recomendación principal de las autoridades es mantener la contabilidad en orden y asegurar que el nivel de gasto sea congruente con los ingresos percibidos y declarados ante el fisco para evitar procesos de fiscalización.
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