La violencia y la incidencia delictiva se han consolidado como el principal inhibidor de la actividad económica en México, condicionando la apertura de nuevas unidades productivas. De acuerdo con la más reciente encuesta de Research Land, agencia de investigación de Grupo UPAX, el 62% de los mexicanos identifica a la inseguridad —específicamente robos, extorsión y cobro de piso— como el mayor obstáculo para emprender este año, superando barreras tradicionales como la falta de crédito, la carga fiscal o la incertidumbre económica general.
Este fenómeno ha transformado la percepción de riesgo en una carga fiscal de facto para el sector privado. Datos cruzados con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que el costo total de los delitos contra empresas ascendió a 124 mil 300 millones de pesos en 2023, lo que representa el 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación afectó directamente a 1.3 millones de establecimientos, equivalentes al 27% del total de negocios en el país.
Digitalización por supervivencia
El estudio destaca un cambio estructural en el modelo de negocios impulsado por el miedo: la migración a canales digitales ya no responde solo a una búsqueda de eficiencia, sino a una estrategia de autoprotección física. Mientras un 45% de los encuestados afirmó que invertiría si tuviera capital, un 27% señaló que solo lo haría mediante modelos digitales para reducir su exposición al crimen. Pablo Levy, director general de Research Land, advirtió que «la pregunta no es si el negocio es rentable, sino si va a sobrevivir a la inseguridad».
La visibilidad del deterioro en el tejido empresarial es alta. El 84% de los participantes en la encuesta aseguró haber atestiguado el cierre o la reubicación de al menos un negocio en su entorno cercano durante el último año por motivos vinculados a la delincuencia. Esta cifra coincide con reportes de la Coparmex, que señalan que el 46.8% de las empresas han sido víctimas de algún delito, una tendencia que se mantiene estancada desde 2018.
Reprobación a estrategia oficial
En cuanto a la evaluación de la política pública, el estudio revela una desconfianza generalizada hacia la capacidad del Estado para garantizar el Estado de derecho. El 78% de los ciudadanos calificó la estrategia de seguridad del gobierno como «regular o mala», considerando que la presencia policial no ha frenado la impunidad, mientras que solo el 10% la considera eficaz para proteger a los pequeños y medianos comerciantes.
El análisis sugiere que la pacificación funcionaría como una «palanca económica latente». Siete de cada diez mexicanos afirmaron que modificarían sus patrones de consumo e inversión si mejoraran las condiciones de seguridad; de este grupo, el 47% estaría dispuesto a abrir o ampliar un negocio. Levy concluyó que la falta de garantías de seguridad está frenando el desarrollo económico local, pues el emprendedor desprotegido opta por contraer su capital ante la amenaza del crimen organizado.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.