Tal y como advertimos en fermoctezuma.news desde el pasado 15 de enero, este martes el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, estableció un ultimátum legislativo para la reforma electoral, señalando que el mes de febrero es el límite improrrogable para recibir la iniciativa en alguna de las cámaras. El coordinador deMorena advirtió que, de exceder este plazo, «no va a ser posible sacar la reforma constitucional y legal con una discusión amplia», debido a lo ajustado de los tiempos parlamentarios.
Monreal Ávila reconoció abiertamente la dependencia numérica que su bancada mantiene con sus aliados para lograr la mayoría calificada. Ante los cuestionamientos sobre las presiones del PT y el Partido Verde en la mesa de negociación, el legislador admitió que se trata de una «lógica matemática» y no solo política: sin los votos de estos partidos, Morena no alcanza las dos terceras partes necesarias para modificar la Constitución.
Matices en la reforma laboral
Respecto a la reforma para la reducción de la jornada laboral, el coordinador adoptó una postura cautelosa frente a la expectativa de garantizar dos días de descanso obligatorios. Al ser cuestionado sobre si la minuta se centrará únicamente en el tope de 40 horas semanales con distribución flexible, Monreal evitó comprometerse y señaló que el tema está bajo deliberación del Senado, aunque ratificó el respaldo total a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el ámbito de la reforma electoral, el legislador adelantó que su postura personal es mantener la integración de 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional. Sin embargo, planteó modificar el método de elección de estos últimos mediante fórmulas que vinculen más al legislador con el elector, citando como ejemplo el modelo de «segundo mejor votado» utilizado en la Ciudad de México, buscando reducir la influencia de la burocracia partidista.
Seguridad y economía
En cuanto a la situación en Sinaloa, Monreal rechazó categóricamente que la entidad sea un «estado fallido», aunque admitió que la escalada de violencia deja un «sabor de boca amargo». El diputado defendió la estrategia de seguridad federal, atribuyendo la violencia actual a una «descomposición» heredada y a conflictos internos entre grupos del crimen organizado.
Finalmente, sobre la certidumbre económica, minimizó el impacto de la devolución de concesiones mineras, asegurando que se trataba de 200 permisos que no estaban en explotación y que fueron retornados voluntariamente. Afirmó que las nuevas leyes no serán regresivas y buscarán generar certeza jurídica para atraer inversiones reales y no especulativas.
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