El periodista Ignacio Gómez Villaseñor formalizó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dos quejas administrativas contra Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y Miguel Ángel Elorza Vásquez, coordinador de la plataforma Infodemia. Los recursos legales señalan presuntos delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
La querella penal, fundamentada en los artículos 214 y 223 del Código Penal Federal, cuestiona el uso de recursos públicos para la operación de la sección «Detector de Mentiras». Según el documento, dicha plataforma carece de una metodología técnica verificable y ha sido utilizada para deslegitimar información periodística verídica, lo que vulnera el marco normativo de los medios públicos.
Irregularidades administrativas y técnicas
Adicionalmente, Gómez Villaseñor interpuso dos denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La primera se centra en la difusión de información errónea sobre eventos en Palacio Nacional, donde la plataforma estatal calificó como falsos hechos que posteriormente fueron confirmados. La segunda denuncia combate el uso sistemático de la estructura del SPR como un aparato de descalificación contra el gremio periodístico.
El comunicador destacó que estas acciones buscan auditar el financiamiento y los estándares de verificación de la plataforma estatal. «Se trata de exigir transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos», señaló tras obtener el folio de recepción 48518/2026 por parte de la autoridad administrativa, la cual deberá turnar el caso en un plazo de dos días hábiles.
Contexto institucional y legal
Un punto relevante de la denuncia penal es el cuestionamiento sobre la situación jurídica de Jenaro Villamil al frente del SPR. El texto señala que el funcionario ejerce el cargo sin haber cumplido con los procesos de ratificación que marca la ley, lo que invalidaría sus facultades para la administración de los bienes y presupuestos asignados al sistema de medios del Estado.
Expertos en libertad de expresión han señalado que el uso de plataformas oficiales para señalar a periodistas con nombre y apellido puede constituir una violación a los derechos humanos. La FGR, a través de sus fiscalías especializadas, será la encargada de determinar si existe una responsabilidad penal por el presunto desvío de fines de las instituciones públicas hacia agendas de comunicación política.
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