La Fiscalía General del Estado de Guanajuato se negó a aceptar la recomendación 73/2025 emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), tras la muerte de Alana, una menor de ocho años, durante un operativo ministerial. Los familiares de la víctima denunciaron este martes que, a casi un año del suceso, los agentes involucrados permanecen en funciones y no existen sanciones administrativas ni penales.
El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2025 en San Miguel de Allende, cuando agentes de investigación intentaron cumplimentar una orden de aprehensión contra Alan Pérez, padre de la menor, por presunta tentativa de feminicidio. De acuerdo con la resolución de Derechos Humanos, el operativo careció de planeación y presentó un uso desproporcionado de la fuerza, resultando en 26 impactos de bala contra el vehículo familiar donde viajaba la niña.
Fallas en el operativo y resolución de derechos humanos
La investigación de la PRODHEG determinó que ocho agentes (identificados del AIC-01 al AIC-08) «omitieron salvaguardar el derecho humano a la vida» de la menor. El documento señala que el uso de la fuerza no fue proporcional y que la camioneta recibió disparos directos que causaron la muerte de Alana. Además, se confirmó que el padre de la menor fue golpeado tras haber sido sometido y detenido.
“La fiscalía parece que actúa como sicarios criminales. Mi hija murió por la negligencia de estas personas. Dispararon más de 50 veces en contra de mi vehículo”, declaró Alan Pérez durante una rueda de prensa. El padre de la menor informó que un juez federal le otorgó un amparo contra la vinculación a proceso por tentativa de homicidio contra los agentes, al demostrarse que sus escoltas repelieron la agresión al confundir el operativo con un intento de secuestro debido a que los vehículos oficiales tenían vidrios polarizados y no estaban identificados.
Exigencias de las víctimas y negativa oficial
Mariana Almanza, madre de Alana, señaló que ha solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de autoridades estatales, sin obtener respuesta. «Solicito que nos escuchen, que nos ayuden a esclarecer esta situación donde hay bastante evidencia de la negligencia y el abuso de fuerza», afirmó.
La recomendación 73/2025 de la Procuraduría estatal exige a la Fiscalía:
- Iniciar una investigación interna contra los agentes participantes.
- Otorgar una compensación económica a las víctimas.
- Brindar atención psicológica especializada a los familiares.
- Capacitar al personal en materia de Derechos Humanos y protocolos de detención.
Hasta el momento, la Fiscalía de Guanajuato, encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, mantiene la negativa de aceptar los puntos recomendatorios, mientras que los familiares aseguran que el fiscal se ha negado a recibirlos de manera personal.
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