El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y los propietarios de las plataformas X y Telegram, Elon Musk y Pável Dúrov, mantienen un enfrentamiento público tras el anuncio de medidas para regular el uso de redes sociales en menores y establecer responsabilidad penal para sus directivos. Este miércoles, Dúrov envió un mensaje masivo a los usuarios españoles acusando al Ejecutivo de impulsar normativas que amenazan las libertades digitales.
Ante el mensaje del fundador de Telegram, el jefe del Ejecutivo respondió a través de sus canales oficiales con una alusión literaria: “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”. Desde La Moncloa sostienen que la reacción de los empresarios confirma que se ha abordado la cuestión del poder absoluto que ejercen sobre el debate público.
Acusaciones de censura y seguridad ciudadana
Pável Dúrov instó a la ciudadanía a mantenerse «vigilante» frente a unas medidas que, a su juicio, podrían convertir a España en un «Estado vigilado». El magnate argumentó que obligar a los directivos a responder legalmente por el contenido difundido derivará en una censura excesiva, donde las plataformas eliminarán cualquier opinión controvertida para evitar riesgos legales.
En contraparte, el Gobierno de España difundió un documento con datos para refutar a Dúrov. Según el Ejecutivo, el propio envío del mensaje masivo sin autorización es una prueba de la necesidad de regulación. La Moncloa señaló que Telegram ha incumplido reiteradamente sus obligaciones de control, convirtiéndose en un espacio para actividades criminales como el tráfico de drogas y redes de abuso sexual infantil.
Medidas contra la impunidad digital
El plan anunciado por Sánchez contempla cinco ejes principales, entre los que destacan la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años y la modificación legislativa para que los consejeros delegados enfrenten responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, defendió la iniciativa señalando que la responsabilidad de los dueños sobre el contenido dañino pondrá fin a la impunidad. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó desde Estados Unidos que ningún propietario de plataforma digital puede situarse por encima de un gobierno democrático.
Impacto de la desinformación en menores
La administración central fundamenta estas medidas en el aumento de la violencia online. Según datos gubernamentales, en 2025 se detectaron casi 900,000 contenidos de odio en redes sociales en España. Además, las llamadas de auxilio de menores al número 017 por situaciones de ciberacoso aumentaron un 41% entre 2023 y 2024. El objetivo del Gobierno es forzar a las empresas tecnológicas a restablecer controles de moderación que promuevan un entorno digital más seguro.
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