El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes la ley presupuestaria aprobada previamente por la Cámara de Representantes, poniendo fin al cierre parcial del gobierno federal iniciado el pasado sábado. No obstante, el acuerdo legislativo deja pendiente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual expira el próximo 13 de febrero.
Acuerdo parcial y recortes de gasto
La Cámara Baja ratificó por un estrecho margen las partidas que permitirán operar a la mayoría de las agencias gubernamentales durante el resto del ejercicio fiscal, que concluye el 30 de septiembre. Durante la firma en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense describió el paquete como «fiscalmente responsable«, asegurando que la medida recorta el gasto federal innecesario mientras apoya programas de seguridad.
«Hemos logrado aprobar un paquete que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense», afirmó Trump en presencia de líderes legislativos como el presidente de la Cámara, Mike Johnson.
El conflicto por los fondos del DHS
La financiación del DHS, organismo encargado de la gestión migratoria, se convirtió en el punto de fricción entre las bancadas. El Partido Demócrata condicionó su apoyo a una prórroga de apenas diez días tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales durante redadas masivas en Minneapolis.
Estos incidentes desencadenaron una serie de exigencias de reforma operativa por parte de la oposición, que ahora busca establecer nuevas normativas para los agentes del departamento.
Exigencias de reforma operativa
Para permitir la extensión presupuestaria de esta cartera más allá del 13 de febrero, los demócratas demandan la implementación obligatoria de cámaras corporales, el requerimiento de órdenes judiciales para acceder a propiedades privadas, la identificación visible de los agentes y la prohibición del uso de máscaras para ocultar su identidad.
Republicanos y demócratas encaran ahora un periodo de diez días de negociaciones para evitar un nuevo cese de actividades en el área de seguridad nacional.
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