Al menos 13 líderes del crimen organizado que fueron trasladados de México a Estados Unidos entre los años 2025 y 2026 solicitaron formalmente la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para recibir asistencia consular y ser repatriados a territorio mexicano.
Acusaciones de irregularidades en traslados
El representante legal de los internos, Marco Antonio Avilés, afirmó que sus clientes fueron enviados al país vecino sin que se desahogaran los procedimientos formales de extradición estipulados por el marco normativo. El litigante calificó de ilegal la entrega de un grupo más amplio de internos que se encontraban recluidos en centros penitenciarios mexicanos.
«La entrega de las 92 personas que estaban detenidas aquí en México fue la punta de lanza, el iceberg, de permitir que Estados Unidos haya intervenido en México de forma arbitraria e ilegal, brincando cualquier tipo de procedimiento legal o causa legal contemplado en tratados internacionales, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos», argumentó Avilés.
Falta de asistencia jurídica y restricciones carcelarias
La defensa señaló de manera directa al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organismo que estuvo bajo la dirección de Tatiana Clouthier durante el periodo en que se ejecutaron los traslados, por no proveer el acompañamiento jurídico correspondiente. De acuerdo con el abogado, la falta de este mecanismo de apoyo ha provocado que los internos no cuenten con las garantías fundamentales del debido proceso en las cortes estadounidenses.
Asimismo, detalló que los reclusos se encuentran sujetos a un régimen de excepción en las prisiones norteamericanas tras haber sido clasificados bajo la categoría de narcoterroristas, lo que restringe el contacto con el exterior. «No se les permite, como a cualquier residente en las cárceles de Estados Unidos, hacer videollamadas o llamadas ordinarias», explicó el defensor, quien añadió que a los familiares de los detenidos se les han revocado o denegado las visas de ingreso a ese país.
Antecedentes de las entregas
Los registros oficiales indican que el gobierno de México transfirió a un total de 92 líderes criminales a las autoridades estadounidenses a través de tres puentes aéreos realizados entre 2025 y 2026. Dentro del grupo de personas enviadas al sistema penitenciario estadounidense se encuentran Rafael Caro Quintero, así como Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales, identificados por las autoridades con los alias de el «Z-40» y el «Z-42», respectivamente.
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