Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión rechazaron la reforma electoral impulsada por el gobierno de Morena, a la que denominaron “Ley Maduro”, al señalar que busca concentrar el poder, someter a las instituciones electorales y debilitar a la oposición política.
En un comunicado emitido el 31 de enero de 2026, legisladoras y legisladores priistas señalaron que el reformismo electoral promovido por ese partido durante el siglo XX contribuyó a la apertura política, el reconocimiento de la oposición y la creación de instituciones electorales autónomas. Indicaron que dichas reformas se sustentaron en la inclusión, el pluralismo y la legalidad electoral.
El documento sostiene que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido un garante de elecciones libres y competitivas, y advierte que someter al árbitro electoral implicaría controlar los procesos comiciales y limitar los contrapesos institucionales. También afirma que la reforma impulsada por Morena busca modificar las reglas de competencia política.
Argumentos sobre impactos institucionales y económicos
El comunicado menciona que la reforma podría afectar la relación de México con Estados Unidos y otros socios comerciales, al generar incertidumbre sobre el entorno democrático y la estabilidad institucional. Asimismo, señala que la erosión de las reglas democráticas podría impactar la confianza en inversiones y acuerdos comerciales.
Los legisladores priistas afirmaron que las democracias se debilitan cuando se reducen los contrapesos, se limita el pluralismo y se utilizan las elecciones como instrumentos del poder. En ese contexto, señalaron que la iniciativa de reforma electoral representaría un retroceso en el marco democrático del país.
Señalamientos sobre libertad de expresión
El documento también refiere casos en entidades federativas gobernadas por Morena, como Campeche, Puebla, Baja California y Veracruz, donde se habrían documentado estrategias para intimidar o censurar a medios de comunicación. El PRI sostuvo que estas acciones forman parte de un patrón de intolerancia frente a la crítica pública.
En el comunicado, el partido afirmó que la libertad de expresión es un pilar de la democracia constitucional y que el uso del Estado como instrumento de censura vulnera derechos fundamentales y debilita la confianza en las instituciones.
Finalmente, las y los legisladores del PRI reiteraron que la democracia pertenece a la ciudadanía y no a un partido o gobierno, y señalaron que continuarán oponiéndose a la reforma electoral. El documento fue firmado por Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, así como por coordinaciones parlamentarias y legisladores del partido en ambas cámaras del Congreso.
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