En 2019, la Ley de Amnistía fue aprobada como una herramienta para conceder el perdón a personas sancionadas o procesadas por ciertos delitos federales cometidos antes de la entrada en vigor de la ley. Estos delitos incluyen aborto, homicidio por razón de parentesco, delitos contra la salud, y posesión de drogas. La ley también considera a personas indígenas que no tuvieron acceso a un intérprete o defensor adecuado durante su proceso judicial. Sin embargo, las recientes reformas a esta ley han suscitado controversia por no tomar en cuenta a las víctimas y la reinserción social.
Daniel Serrano de Rejil, fundador y director general de Interculturalidad, Salud y Derechos A.C., expresó sus preocupaciones al respecto. «Teníamos mucha esperanza con esta ley, pero el exceso de burocracia y las demoras en su implementación han sido un obstáculo significativo», comentó Serrano. La falta de servicios postpenales y la ausencia de mecanismos para la reparación del daño en casos de injusticia han sido problemas persistentes. Además, la exclusión de delitos estatales ha generado resistencia en varios gobiernos locales para legislar sobre el tema.
En su momento, el diputado federal Alejandro Viedma Velázquez, junto con organizaciones como INSADE y Derechos Sin Barreras, propusieron un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y autoridades de seguridad pública a integrar comisiones intersecretariales. Estas comisiones, necesarias para ofrecer servicios postpenales, aún faltan en gran parte del país, lo que contribuye a la deficiencia en la reinserción social de los liberados.
La reforma a la Ley de Amnistía ha sido polémica porque otorga al presidente la capacidad de conceder amnistía directa a individuos que colaboren en el esclarecimiento de delitos relevantes para el Estado mexicano, como los ocurridos en Iguala, Guerrero; Tlatlaya, Estado de México; San Bernardino Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; y San Fernando, Tamaulipas. Sin embargo, esta potestad presidencial ha generado críticas por la falta de claridad en los criterios para decidir quiénes serán perdonados.
Desde INSADE, Serrano comparte preocupaciones sobre las víctimas y las personas que serán liberadas. «La reforma no especifica criterios claros ni éticos para la toma de decisiones presidenciales, lo que pone en duda la justicia y la reparación del daño», indicó. La falta de instituciones y programas definidos para la reparación del daño a las víctimas y la reinserción social de los liberados es un tema crucial que la reforma ha pasado por alto.
Tres reflexiones principales surgen de este análisis: la reforma no toma en cuenta el propósito original de la Ley de Amnistía, su implementación puede verse afectada, y podría estar incumpliendo estándares internacionales de derechos humanos. Además, ni las víctimas ni las personas liberadas han sido adecuadamente consideradas en este proceso, dejando en el aire la cuestión de su canalización a servicios postpenales o apoyo de organizaciones de la sociedad civil.
Para avanzar hacia un paradigma de paz y seguridad, es fundamental centrarse en la reparación del daño y la reinserción social. Serrano enfatiza la necesidad de integrar a todas las instituciones públicas responsables y a la sociedad civil en las comisiones intersecretariales, así como incluir a las poblaciones egresadas del sistema de justicia penal y a las víctimas en el diálogo y las reformas.
INSADE apuesta por reformas que traigan beneficios significativos, especialmente en contextos que han marcado profundamente a México. Sin embargo, no apoyan la sectorización en una guerra de críticas y descalificaciones sin considerar a las víctimas. «Hacemos un llamado a que, además de cuestionar, se propongan iniciativas que realmente contribuyan al progreso», concluyó Serrano.
La organización seguirá vigilante de la implementación de esta reforma y se ofrece para brindar servicios postpenales a quienes se beneficien de ella. «Exhortamos a dejar de ver a las cárceles como fábricas de delincuentes, sino como fábricas de impunidad, injusticia y desigualdad», afirmó Serrano.
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