El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que las y los ministros no utilizarán las nueve camionetas blindadas Grand Cherokee recientemente adquiridas por el máximo tribunal, cuyo costo alcanza hasta 2.4 millones de pesos por unidad, tras los cuestionamientos públicos generados por el uso de recursos públicos.
Durante una conferencia de prensa en el área de Murales de la sede de la Corte, Aguilar Ortiz explicó que la determinación se tomó luego de escuchar críticas que, precisó, no estuvieron dirigidas a la función jurisdiccional, sino al destino del gasto. Señaló que la seguridad no debe confundirse con el lujo, por lo que se optó por no utilizar dichos vehículos.
“Hemos estado escuchando las críticas y los cuestionamientos que se nos hacen, y hay que decirlo con claridad: no son sobre la función sustantiva de este pleno. Por esa razón, en diálogo con las ministras y ministros, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, afirmó el ministro presidente.
Aguilar Ortiz puntualizó que no existe información que advierta riesgos específicos de seguridad para las y los integrantes del máximo tribunal. En ese contexto, indicó que coincidieron en continuar con sus actividades cotidianas bajo un esquema de austeridad.
“Afortunadamente, no tenemos noticia de algún riesgo de seguridad para los ministros y ministras, y todos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad”, subrayó.
Austeridad y seguridad institucional
El ministro presidente destacó que la política de austeridad de la SCJN no es un gesto simbólico, sino una medida de administración responsable, que debe ser compatible con la eficiencia institucional, la protección del personal y el respeto a los recursos públicos.
“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la seguridad institucional y el cumplimiento de las funciones constitucionales, sin poner en riesgo la operación del Estado”, sostuvo.
Recordó que desde agosto de 2010 la SCJN determinó que las ministras y ministros contaran con medidas de seguridad, incluido el uso de vehículos blindados, debido a la responsabilidad de Estado que ejercen. En ese marco, detalló que al 1 de septiembre de 2025 se habían adquirido 43 vehículos blindados para distintas áreas del Poder Judicial.
No obstante, reiteró que la decisión actual refleja el compromiso del máximo tribunal con una austeridad responsable, en atención a la exigencia social de un uso cuidadoso de los recursos del pueblo de México.
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