El proceso para definir la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha generado una división interna en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El actual auditor, David Colmenares Páramo, busca la reelección en el cargo para el periodo que se decidirá en la votación definitiva programada para el próximo mes de marzo.
Divisiones internas y posturas encontradas
La continuidad de Colmenares Páramo cuenta con el respaldo de la coordinación de la bancada, encabezada por Ricardo Monreal. Esta facción busca consolidar el apoyo necesario para la reelección del auditor, basándose en los vínculos que este ha mantenido con el liderazgo parlamentario que dirige la agenda legislativa actual.
Sin embargo, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha manifestado un rechazo a la gestión vigente, al señalar que la institución enfrenta riesgos estructurales. El legislador sostiene que existe una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y el presupuesto efectivamente auditado.
“Es urgente reconstruir el sistema nacional de auditorías y fiscalización. En los últimos años ha disminuido la importancia de la ASF como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política basada en intereses propios”, declaró Ramírez Cuéllar. Asimismo, el diputado denunció la ausencia de reglas claras contra el nepotismo, argumentando que el marco normativo actual permite vínculos familiares entre el titular y altos funcionarios.
Denuncias por incumplimiento legal
A la pugna política se suma una denuncia presentada ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) por Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La funcionaria acusa al titular de la ASF por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales.
Entre los señalamientos de la denuncia destaca la inoperancia del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Aunque la normativa establece que este órgano debe reunirse al menos una vez cada seis meses, no existe evidencia de sesiones celebradas desde 2019. “México y la ciudadanía necesitan instituciones que cumplan, que respondan y que no normalicen la omisión”, afirmó Pérez Morales al respecto.
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