La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó, por una mayoría de cinco votos, el desechamiento de la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra una reforma a la Constitución de Baja California Sur en materia de fiscalización. El fallo ratifica la postura del entonces ministro Alberto Pérez Dayán, quien argumentó que el organismo electoral carece de legitimación para impugnar leyes de poderes locales.
Debate sobre precedentes y legitimidad
La resolución provocó una confrontación discursiva entre los integrantes del Pleno. El ministro Giovanni Figueroa Mejía advirtió que esta decisión podría sentar un precedente que vulnere la transmisión pacífica del poder, cuestionando qué sucedería si los institutos locales emitieran acuerdos sobre distritación o seguridad en boletas sin control judicial.
“Qué pasaría si otros institutos locales emitieran acuerdos sobre distritación o sobre medidas de seguridad en las boletas electorales o padrón electoral, sería una situación enormemente grave que, incluso voy más allá, podrían poner en riesgo la trasmisión pacífica y ordenada del poder público”, señaló Figueroa Mejía.
Por su parte, la ministra María Estela Ríos González defendió la resolución al sostener que la Corte no debe actuar como un «Poder Reformador sustituto». Ante los señalamientos sobre el tono del debate, Ríos González afirmó: “La pasión no implica pérdida de racionalidad, sino significa que uno está realmente comprometido con sus ideas y sus criterios”.
Posturas contra el desechamiento
El ministro Arístides Guerrero presentó un proyecto que buscaba revocar el desechamiento y admitir la demanda del INE. Durante su exposición, Guerrero advirtió que, al cerrar la puerta a este medio de control, el máximo tribunal estaría permitiendo que una constitución estatal contravenga a la federal, dejando sin análisis el fondo de la reforma en materia de fiscalización electoral.
Pese a estos argumentos, la mayoría del Pleno determinó que el INE no tiene facultades constitucionales para controvertir normas estatales, limitando su radio de acción legal en contra de reformas a las cartas magnas de las entidades federativas.
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