El Gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo en el Centro Histórico que resultó en el aseguramiento de 50 mil 376 vapeadores. Esta acción se ejecutó tras la entrada en vigor del decreto que prohíbe la importación de estos dispositivos en el país, con el fin de retirar del mercado productos que representan un riesgo para la salud pública.
Detalles del aseguramiento y valor comercial
El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que el decomiso tuvo lugar tras la intervención de un puesto semifijo y una bodega localizados en la calle Peña y Peña. De acuerdo con las estimaciones oficiales, los dispositivos tienen un costo unitario de entre 150 y 200 pesos, lo que representa un valor total aproximado de 10 millones de pesos en mercancía.
Los artículos asegurados fueron trasladados a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) federal para su posterior destrucción. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el contenido de nicotina en estos aparatos es elevado: “Un disparo de estos vapeadores equivale a cuatro cajetillas de cigarro en cuanto al contenido de nicotina”, precisó.
Reordenamiento y combate a la mercancía ilegal
Además de los cigarrillos electrónicos, las autoridades reportaron el retiro de 24 mil 572 artículos de mercancía ilegal en diversas calles del primer cuadro de la ciudad. Estas acciones contaron con la participación coordinada de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, enfatizó que la reciente modificación a la Ley General de Salud ofrece un marco legal para combatir dispositivos que emiten sustancias dañinas al organismo. Por su parte, la Cofepris indicó que este nuevo decreto permite armonizar el marco normativo para evitar prácticas de comercio ilícito.
Recuperación del espacio público
Brugada Molina reiteró que este operativo forma parte de un proyecto integral para convertir el Centro Histórico en un espacio accesible y ordenado. El objetivo institucional es mantener la vía pública libre de productos cuya venta y distribución están prohibidas en México desde 2008, reforzando la vigilancia en zonas comerciales de alta afluencia.
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