El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que reclasifica la marihuana como una droga menos peligrosa, lo que representa un cambio significativo en la política federal de drogas de Estados Unidos. La medida traslada el cannabis de la Lista I, donde se encuentran sustancias como la heroína y el LSD, a la Lista III, categoría que comparte con la ketamina y algunos esteroides anabólicos.
Implicaciones regulatorias y fiscales
La reclasificación, ejecutada a través de la agencia antidrogas DEA, no implica la despenalización del uso recreativo a nivel nacional. No obstante, el ajuste administrativo permitirá abrir nuevas vías para la investigación médica, modificará la regulación federal y reducirá la carga fiscal que actualmente enfrenta el sector del cannabis legal en diversos estados.
Bajo la clasificación de la Lista III, la sustancia se reconoce con un potencial de abuso de moderado a bajo y con un uso médico aceptado, lo que facilita su manejo administrativo en comparación con los estándares de la Lista I, reservados para drogas sin uso médico aceptado y alto potencial de abuso.
Proceso administrativo y oposición política
Este cambio de política federal da continuidad a una propuesta iniciada durante la administración de Joe Biden, aunque el proceso de revisión de la DEA, que incluye un periodo de comentarios públicos con decenas de miles de reacciones, seguía en curso al momento de la toma de posesión de Trump. La orden ejecutiva tiene como objetivo acelerar el proceso, si bien el tiempo exacto para su implementación total aún no ha sido determinado.
Contraste legislativo
A diferencia de su predecesor, el presidente Trump no contó con un respaldo unánime de su partido. Miembros del sector republicano se manifestaron en contra de la medida, instando al mandatario a mantener los estándares federales actuales. Hasta ahora, la discrepancia entre las leyes estatales —que permiten el uso médico o recreativo en gran parte del país— y la ley federal ha mantenido a los usuarios y empresas sujetos a potenciales enjuiciamientos federales.
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