La diputada federal Noemí Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, defendió el derecho del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, a expresar opiniones sobre la situación social del estado y sostuvo que el Estado laico garantiza libertades, entre ellas la libertad de expresión y de convicciones.
En un posicionamiento público, la legisladora afirmó que la crítica al jerarca católico derivó en una acción que afectó a una parte mayoritaria de la población. Señaló que, al cuestionar al obispo, Morena agredió a más del 92% de la población zacatecana, al tratarse de personas que se identifican como católicas, de acuerdo con datos demográficos.
Luna celebró que el dirigente estatal de Morena, Rubén Flores, retirara la queja presentada ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) contra el obispo, luego del rechazo social y de pronunciamientos internos en su partido. En ese contexto, se sumó a las voces que solicitan una disculpa pública por la denuncia interpuesta.
La legisladora panista sostuvo que el intento de cuestionar la participación pública del obispo no se limitó a una diferencia política, sino que se relacionó con el derecho humano a la libertad de expresión, al tratarse de opiniones sobre problemas sociales sin llamados al voto ni referencias electorales.
“Una democracia sólida no teme a las convicciones de su gente, las respeta y las protege”, expresó Luna, al señalar que cualquier persona, incluida una autoridad religiosa, puede opinar sobre la realidad social. Añadió que “el Estado laico no impone silencios, garantiza libertades”.
Marco constitucional
La diputada recordó que el Artículo 24 de la Constitución establece la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y prohíbe cualquier forma de coacción por manifestarlas. Subrayó que estas garantías aplican en contextos no electorales y sin proselitismo.
Finalmente, Luna afirmó que la crítica del obispo se refirió a sectores de la población afectados por distintas problemáticas sociales en Zacatecas, y reiteró que el debate público debe mantenerse dentro de los márgenes constitucionales, con respeto a los derechos fundamentales y sin restricciones indebidas.
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