El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este jueves que posee la autoridad legal para ordenar bombardeos contra objetivos del narcotráfico en territorio venezolano sin requerir la autorización previa del Congreso. Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que, aunque no se opondría a informar al Legislativo, no tiene la obligación jurídica de hacerlo.
Postura del ejecutivo frente al congreso
La declaración del mandatario surge tras el incremento de las advertencias sobre posibles ataques a «objetivos terrestres» en el país caribeño. Al ser cuestionado por la prensa sobre la necesidad de consultar al Capitolio, el presidente respondió: «No me importaría contárselo, pero no es para tanto, no tengo por qué decírselo, ya está comprobado».
Esta postura contrasta con declaraciones recientes de la secretaria del Gabinete, Susie Wiles, quien en una entrevista publicada hace dos días admitió que un despliegue militar en suelo venezolano se consideraría una guerra, situación que obligaría al Ejecutivo a obtener el beneplácito del Congreso de acuerdo con el marco constitucional.
Despliegue militar y sanciones petroleras
Desde el verano pasado, la administración de Trump ha mantenido un despliegue militar masivo en el Caribe con el fin de interceptar el tráfico de estupefacientes. Según los reportes, desde septiembre se han ejecutado bombardeos sumarios contra más de dos docenas de embarcaciones, incidentes que han resultado en la muerte de aproximadamente cien personas.
A estas acciones se suma el anuncio realizado el pasado martes sobre el bloqueo de petroleros sancionados que transporten crudo desde o hacia Venezuela. El mandatario justificó esta medida acusando al gobierno de Nicolás Maduro de haber robado yacimientos y activos petrolíferos pertenecientes a Estados Unidos, en alusión a las expropiaciones realizadas durante el mandato de Hugo Chávez.
Objetivos estratégicos
El gobierno estadounidense ha reiterado que las operaciones tienen como fin neutralizar los activos de los cárteles que, según Washington, operan con el respaldo de Caracas. Pese a la controversia sobre los límites del poder presidencial para iniciar acciones bélicas, la Casa Blanca insiste en que las intervenciones actuales se encuentran dentro de las facultades de seguridad nacional del presidente.
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