La diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para adicionar la fracción IV al artículo 17 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de establecer políticas públicas específicas para niñas y adolescentes en situación de gestación. La propuesta busca garantizar el acceso a educación, salud, alimentación y acompañamiento psicosocial.
Contexto del embarazo adolescente
Durante la presentación de la iniciativa, González señaló que la maternidad en la adolescencia es uno de los principales retos sociales y de salud pública en México. De acuerdo con el Inegi, cada año nacen aproximadamente 340 mil bebés de madres menores de 19 años.
La legisladora indicó que las madres adolescentes enfrentan obstáculos como abandono escolar, estigmatización social y vulnerabilidad económica. Agregó que estas condiciones limitan las oportunidades educativas y laborales, además de generar riesgos para la salud y afectaciones en el bienestar de las jóvenes.
Objetivos de la iniciativa
Según la propuesta, las acciones deberán priorizar el interés superior de niñas y niños, garantizar la no discriminación, promover la continuidad educativa y establecer corresponsabilidad institucional. La diputada afirmó que la coordinación interinstitucional es necesaria para ofrecer acompañamiento integral y prevenir la reproducción de ciclos de vulnerabilidad.
González recordó que el embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años tiene impactos directos en el desarrollo personal, la educación y las perspectivas de vida. Sostuvo que esta problemática requiere fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención y atención integral.
Datos adicionales
La diputada informó que, de acuerdo con cifras del Conapo y el Inegi, en 2023 se registraron 101 mil 147 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años. Añadió que el país mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina.
González destacó que la Ley General vigente contempla principios de protección y desarrollo integral, pero no incluye medidas explícitas dirigidas a madres adolescentes. Señaló que incorporar estas disposiciones permitiría fortalecer la inclusión, la equidad y la autonomía dentro del sistema de protección.
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