El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, confirmó que su bancada votará en contra del dictamen de la Ley de Aguas que será discutido este 3 de diciembre, al señalar que no hubo modificaciones al texto y que se mantienen disposiciones que consideran problemáticas.
Moreira informó que la Junta de Coordinación Política notificó el cambio en el orden del día para discutir el dictamen, decisión tomada por la mayoría legislativa. Afirmó que la narrativa sobre presuntas modificaciones “genera confusiones”, pues aseguró que el documento no fue cambiado antes de su presentación. Explicó que, de haberse modificado, se habrían requerido cinco días adicionales para el trámite parlamentario.
El legislador destacó que el contenido del artículo 22, relativo al régimen de transmisión de concesiones, permanece igual. Señaló que el dictamen plantea que “se termina la transmisión de concesiones”, situación que —de acuerdo con su explicación— afectaría procesos como obsequios, herencias o cualquier tipo de transmisión. “Le están diciendo a la gente que se cambió y eso no es cierto”, afirmó.
Objeciones del PRI
Moreira indicó que la bancada pedirá suspender el debate, al considerar que no se realizó la consulta a pueblos y comunidades indígenas, como establece el artículo 2 de la Constitución cuando se modifican derechos relacionados con recursos naturales. “Están violando la Constitución”, sostuvo.
El coordinador priista señaló que la fracción se ha preparado para el debate desde días previos y que participarán 37 oradoras y oradores, equivalente a la totalidad de la bancada. Aseguró que su postura será “respetuosa, pero firme”, particularmente en temas como la criminalización de campesinos, la negativa ficta y lo que describió como un enfoque punitivo en ciertos artículos.
Sobre las sanciones previstas, mencionó que aunque se realizaron ajustes a los años de prisión, el resultado “es lo mismo”, lo que —según dijo— podría derivar en que campesinos enfrenten presiones indebidas. Agregó que, aunque el dictamen pueda aprobarse en Cámara de Diputados, aún podrían darse expresiones de protesta en el Senado o incluso solicitar un veto presidencial.
Ambigüedades y riesgos señalados
Moreira aseguró que el dictamen reconoce 56 cambios, lo que a su juicio confirma “errores de origen”. Argumentó que persisten disposiciones ambiguas, particularmente en la aplicación del artículo 22, donde —según expuso— una nueva tramitación podría permitir que las autoridades modifiquen volúmenes concesionados sin justificación.
Finalmente, advirtió que las medidas incluidas podrían impactar en la producción del sector primario, al señalar que se trata del único sector económico con crecimiento continuo, por lo que cualquier afectación a la disponibilidad de agua incidiría directamente en la actividad agrícola.
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