La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el proceso iniciado en el Senado para designar a la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) constituye una decisión de alta relevancia para el Estado de derecho. Señaló que la figura al frente del órgano debe garantizar autonomía, independencia y profesionalismo institucional.
López Rabadán destacó que el Senado debe escuchar todas las voces involucradas y privilegiar el interés superior de la justicia. Enfatizó que el proceso requiere un actuar con “absoluto profesionalismo” para asegurar legitimidad y cumplimiento del marco constitucional.
La legisladora expuso que el país necesita una persona que asegure la atención a víctimas de delitos, garantice el derecho de acceso a la justicia y contribuya al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Relevancia institucional
De acuerdo con la diputada, la designación es clave para consolidar un modelo de justicia que permita avanzar hacia condiciones de paz y reducir los niveles de violencia. Subrayó que la FGR requiere una conducción capaz de cumplir con las responsabilidades previstas en la legislación vigente.
López Rabadán reiteró que la autonomía del Ministerio Público es un principio central para garantizar investigaciones imparciales y prevenir interferencias externas. Consideró que la persona que resulte electa deberá responder a ese estándar institucional.
La legisladora también apuntó que el proceso de evaluación de candidaturas en el Senado representa una oportunidad para fortalecer la confianza pública en la Fiscalía mediante la transparencia en cada etapa.
Expectativas del proceso
Finalmente, López Rabadán llamó a que la discusión en el Senado se oriente a salvaguardar el carácter técnico y jurídico de la FGR. Indicó que el nombramiento debe enfocarse en la capacidad profesional y en el compromiso con la legalidad de quien asuma la titularidad.
La diputada sostuvo que garantizar estos criterios permitirá avanzar hacia un sistema de procuración de justicia que responda a las necesidades de la población y favorezca condiciones de seguridad en el país.
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