Una jueza penal en Tamaulipas impuso una sanción de un millón trescientos mil pesos a una abogada defensora por interrumpir una audiencia para corregir a la juzgadora, quien había omitido una etapa procesal. La jueza Mónica Iliana Chapa aplicó la multa máxima prevista en el sistema de juicios orales, la cual asciende a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), excediendo las etapas administrativas usuales para una sanción.
Controversia por la desproporcionalidad de la sanción
Especialistas jurídicos consultados señalaron que la jueza excedió sus facultades al imponer la sanción máxima sin justificar adecuadamente el monto aplicado. Indicaron que, desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Oral en Tamaulipas, no existe antecedente de una multa de tal magnitud contra un litigante.
Juristas consideran que la resolución es desproporcionada y es contraria al espíritu del modelo oral, el cual exige decisiones motivadas, razonadas y estrictamente fundamentadas. Advirtieron que este caso sienta un precedente preocupante y cuestiona si la elección directa de juzgadores garantiza una protección efectiva para quienes buscan justicia.
Origen del conflicto en la audiencia
La interrupción que detonó la sanción ocurrió cuando la jueza llamó a continuar la diligencia en una nueva etapa, pero la abogada le recordó que dicha etapa ya había sido superada previamente y que correspondía la intervención del Ministerio Público. Este señalamiento «irritó a la juzgadora», situación que se agravó tras la intervención del fiscal, quien solicitó impedir las interrupciones de la abogada.
En otro momento de la audiencia, la abogada había expuesto una vulneración previa al debido proceso por supuesta «falta de competencia técnica» de la juzgadora, quien no individualizó correctamente a las partes. La defensora argumentó que dicha omisión paralizó indebidamente el avance procesal y comprometió la legalidad y el principio de igualdad procesal de su defendido. La abogada solicitó que la incidencia se declarara fundada y se ordenara reponer la audiencia ante un juez distinto.
Apelación del caso en segunda instancia
La presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Contreras López, reconoció el incidente y la aplicación de la sanción máxima. Informó que un magistrado regional analizará el asunto en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Contreras López señaló que existió una «insistencia reiterada» por parte de la defensora. Sin embargo, aclaró que será la segunda instancia la encargada de valorar si la sanción máxima fue o no legal, y si los señalamientos de la abogada sobre la incapacidad técnica de la jueza tienen validez. La presidenta concluyó: “La gradualidad de la multa será analizada por el magistrado. Las puertas del Tribunal están abiertas para los abogados”, al tiempo que subrayó que el Poder Judicial respetará la libertad de expresión de los litigantes.
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