El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados pidió frenar el avance legislativo de la Ley General de Aguas, al señalar posibles afectaciones al sector agropecuario. Durante una conferencia el 25 de noviembre de 2025, el diputado Mario Calzada Mercado afirmó que la iniciativa generaría incertidumbre en la producción alimentaria y solicitó escuchar a los productores antes de dictaminar.
Calzada encabezó el encuentro acompañado por representantes ganaderos, agrícolas y lecheros del estado de Querétaro, así como el coordinador parlamentario Rubén Moreira. El legislador recordó que el campo utiliza más del 70 % del agua disponible, y sostuvo que cualquier reforma debe garantizar tanto el derecho humano al agua como el acceso para actividades productivas.
Preocupaciones del sector
La presidenta del Consejo Consultivo del Agua, Katia Reséndiz, reconoció la necesidad de actualizar el marco jurídico hídrico, pero advirtió que la ley debe construirse con participación social, visión territorial y análisis técnico para evitar “afectaciones irreversibles” al sector primario. Indicó que el país requiere un marco moderno y humanamente sensible, que asegure agua para consumo, producción y desarrollo.
Productores queretanos expusieron inquietudes sobre la exclusión de los pozos pecuarios de la propuesta, lo que implicaría tarifas equiparables a las industriales. También señalaron que la figura de negativa ficta —la falta de respuesta administrativa en 60 días— impediría obtener o renovar concesiones necesarias para operar.
Demandas al Legislativo
Los participantes advirtieron que las limitaciones para heredar o transmitir derechos del agua afectarían el patrimonio familiar y el relevo generacional en el campo. Además, cuestionaron posibles sanciones penales de hasta 12 años de prisión, al considerar que criminalizan actividades productivas previamente reguladas de forma administrativa.
Moreira pidió que cualquier dictamen se difunda con anticipación para consulta pública y rechazó una votación inmediata en comisiones. Aseguró que existen “32 realidades hídricas” y que el contenido del proyecto debe revisarse con especialistas, productores y organizaciones. También destacó la caída reciente en indicadores de confianza económica y alertó sobre la generación de incertidumbre legal.
El PRI informó que continuará realizando foros estatales y entregando conclusiones a las comisiones dictaminadoras. Según los diputados, la discusión legislativa debe considerar efectos en la seguridad alimentaria, financiamiento rural, tenencia de la tierra y participación de gobiernos locales.
Productores reiteraron que, sin certeza en el acceso al recurso hídrico, aumentaría la dependencia de alimentos importados, lo que impactaría precios, empleo regional y abastecimiento. Solicitaron que el Congreso mantenga espacios de diálogo antes de avanzar en el proceso legislativo.
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