El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que integrantes del sector agrícola enfrentan presiones y posibles investigaciones tras movilizaciones recientes. Sostuvo que las protestas derivan de la discusión de la Ley General de Aguas, del incumplimiento en precios de garantía del maíz y de la situación de seguridad en carreteras del país.
En entrevista, Moreira señaló que “en lugar de perseguir a los campesinos”, las autoridades deben reforzar operativos de seguridad. Indicó que la Secretaría de Gobernación ha enviado mensajes que, dijo, apuntan a la existencia de carpetas de investigación contra participantes en las manifestaciones.
Acusaciones y respaldo legislativo
El diputado rechazó señalamientos del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien atribuyó al legislador priista Luis Gerardo Sánchez la organización de protestas en Guanajuato. Moreira sostuvo que Sánchez “está con los campesinos” y afirmó que la bancada lo respalda.
Sánchez declaró que su participación responde a solicitudes ciudadanas en su distrito. Aseguró que las movilizaciones no corresponden a una sola entidad, sino a problemáticas nacionales relacionadas con el campo, como el acceso al agua y la falta de atención gubernamental.
El legislador informó que solicitará por escrito aclaraciones sobre la existencia de alguna investigación en su contra. Añadió que, según testimonios recabados en diversas regiones, productores y ganaderos no han recibido respuesta en más de “200 reuniones” con autoridades federales.
Demandas y proceso legislativo
Moreira reiteró el llamado a que el Gabinete de Seguridad comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar la situación de violencia y atender inquietudes del sector agrícola. Recordó que el PRI ha realizado foros en Campeche, Tabasco, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Jalisco y Estado de México, cuyo resultado, afirmó, muestra rechazo a la iniciativa de aguas.
Respecto a la reforma sobre vapeadores, el legislador consideró necesario revisar posibles efectos de tipificar delitos relacionados con su posesión. Sobre la minuta en materia de extorsión, señaló que el PRI acompañará el proyecto en lo general, pero presentará una reserva para retirar el artículo 17, fracción quinta, al considerar que podría afectar el trabajo de medios de comunicación.
El coordinador parlamentario indicó que su bancada solicitará que cualquier cambio en el dictamen sobre aguas sea difundido al menos durante 15 días, con el fin de que la ciudadanía conozca su contenido y posibles impactos.
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