La Cámara de Diputados aprobó este martes, en dos votaciones en el pleno, una reforma al Código Penal Federal para aumentar las penas de prisión por delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental. La modificación establece que quienes afecten áreas naturales protegidas serán sancionados con 20 años de prisión y una multa única de 10 mil días, equivalente a 1 millón 131 mil 400 pesos. Esta medida elimina el rango que previamente iba de seis a 20 años de prisión.
Detalles de las reformas
La reforma adiciona y modifica el artículo 418 del Código Penal Federal y sanciona las actividades de “ocupación, invasión, cambio de uso de suelo, extracción o destrucción de áreas naturales protegidas”.
La aprobación en lo general del dictamen se logró con 452 votos en pro. Posteriormente, los coordinadores parlamentarios acordaron y votaron a favor de una reserva, propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que fue la que fijó la pena en 20 años de cárcel, eliminando la sanción mínima anterior. La reserva contó con el aval de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Partido del Trabajo.
Agravantes y otros delitos ambientales
La modificación establece que si las conductas sancionadas se realizan empleando armas de fuego o por cualquier medio violento en contra de personas, o con el fin de obtener un lucro o beneficio económico, la pena aumentará hasta en 15 años y hasta 8 mil días de multa (905 mil 120 pesos).
Además, se reforma el artículo 420 quarter para imponer penas de uno a cuatro años de prisión y 3 mil días de multa (339 mil 420 pesos) a quien genere, use o difunda información falsa o simulada relativa a una persona jurídica, con el fin de inducir a engaño, error o confusión en consumidores, inversionistas, instituciones financieras o para obtener un lucro. Esto incluye la simulación de cumplimiento de obligaciones en materia de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.
Fundamentación de la reforma
El diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, sustentó la reforma citando la crisis ambiental generada por incendios provocados para el cambio ilegal del uso del suelo, descargas clandestinas de residuos en cuerpos de agua, deforestación acelerada y tala ilegal. También mencionó el tráfico de especies protegidas, como la vaquita marina y la totoaba.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez, señaló que el dictamen busca atender un problema estructural, ya que muchos desarrolladores y empresas continuaban con actividades ilícitas confiando en que «las sanciones son mínimas». El legislador concluyó que la reforma establece sanciones duras para evitar que la violación de la ley «pueda ser un negocio».
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