El diputado federal Luis Gerardo Sánchez (PRI) expresó su «respaldo absoluto» a campesinos, productores y organizaciones del norte-noreste de México que manifestaron su preocupación por la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales impulsada por el oficialismo. El legislador afirmó que el sector no se opone a la existencia de una nueva ley, sino a que esta sea aprobada «en los términos actuales», los cuales consideran que afectan la productividad del campo y no toman en cuenta la participación de los usuarios.
Pliego petitorio y compromiso legislativo
Durante un encuentro realizado ayer, los representantes del sector agrícola entregaron un documento formal con firmas y que contiene 10 puntos prioritarios para garantizar que la reforma sea «equilibrada, técnica y justa». El diputado Sánchez se comprometió a llevar esta propuesta a la Cámara de Diputados y ser su «portavoz», enfatizando que se trata de una «exigencia nacional».
El congresista subrayó que el objetivo de la movilización, a la que se suma toda la región norte-noreste, es evitar que la Ley de Aguas Nacionales avance tal como está redactada, ya que su aprobación podría afectar gravemente al campo, la productividad y la seguridad alimentaria del país. El legislador se comprometió a «pelear porque esta ley, como viene, no pase».
Ejes de la propuesta agrícola
Entre los diez puntos clave presentados por los representantes del sector agrícola para la reforma hídrica destacan:
- Mantener el régimen actual (con mayor transparencia y sustentabilidad), sin sustituirlo por autorizaciones revocables.
- Reconocer legalmente a las asociaciones de usuarios y módulos de riego como sujetos de derechos.
- Asegurar la movilidad de derechos de agua bajo supervisión técnica y respeto al marco normativo.
- Evitar la discrecionalidad política mediante la aplicación de criterios técnicos para la reasignación de volúmenes.
- Incorporar a estados y municipios en las decisiones mediante la creación de consejos con carácter vinculante.
- Establecer una transición gradual con compensaciones claras y mecanismos basados en la prelación de usos.
- Blindar el derecho humano al agua para que sea un derecho exigible y no sujeto a criterios ambiguos.
- Actualizar los métodos de balance hídrico en tiempo real para decisiones sustentables y con apego al estado de derecho.
El diputado Sánchez concluyó que el campo mexicano es un pilar fundamental de la economía y, por lo tanto, cualquier reforma hídrica debe construirse con los productores, no en su contra.
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