La senadora Paloma Sánchez Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa de ley para reformar el esquema de subsidios al sector pesquero y acuícola, proponiendo la asignación de recursos públicos con base en el volumen de captura y el tipo de especie comercializada.
La propuesta legislativa surge tras consultas directas con comunidades de pescadores en el municipio de Navolato, Sinaloa, donde productores locales expusieron la inviabilidad financiera de operar únicamente con el apoyo del programa Bienpesca, el cual entrega una cuota anual de 8 mil pesos por beneficiario.
De acuerdo con el documento presentado en el Senado de la República, el sector primario requiere la restitución de mecanismos de fomento a la productividad y certeza jurídica en la comercialización, ante la eliminación progresiva de 21 programas de apoyo, subsidios energéticos para diésel marino y esquemas de empleo temporal.
En su argumentación, Sánchez Ramos denunció que la rentabilidad de los acuacultores nacionales se encuentra comprometida por la introducción no autorizada de aproximadamente 40 mil toneladas de camarón de origen ecuatoriano al mercado interno, fenómeno que ha provocado una contracción en los precios de venta por debajo de los costos de producción.
Impacto operativo y rezago en infraestructura
La legisladora sinaloense expuso que la paralización de flotas pesqueras afecta a comunidades como Topolobampo, donde se registran embarcaciones menores y mayores fuera de servicio por falta de mantenimiento, así como en Angostura, zona donde la actividad extractiva permanece suspendida a la espera de estudios de calidad del agua por parte de las autoridades competentes.
La iniciativa contempla además la implementación de mecanismos de inspección y vigilancia más rigurosos para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, actividad que afecta directamente las zonas de amortiguamiento y los periodos de veda legalmente establecidos.
Finalmente, el proyecto turnado a comisiones dictaminadoras subraya la necesidad de activar la cadena de valor asociada a la industria pesquera, la cual impacta de forma directa en plantas empacadoras, talleres de reparación naviera y redes de distribución comercial en los litorales del Pacífico mexicano.
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