El Grupo Parlamentario del PRI expuso sus observaciones a la política social del gobierno federal durante la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en la Cámara de Diputados. Legisladores priistas señalaron que, aunque el Primer Informe de Gobierno afirma que el país avanza en reducción de pobreza, los datos del INEGI y de organismos independientes muestran rezagos persistentes en salud, vivienda, agua potable y servicios básicos.
El diputado Christian Castro Bello afirmó que 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud y cuestionó la validez de las cifras oficiales tras la transferencia de funciones del Coneval al INEGI. Indicó que la falta de un órgano autónomo pone en riesgo la independencia de la medición de pobreza.
Castro Bello señaló que, de acuerdo con estadísticas oficiales, los rezagos afectan principalmente a entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, donde la pobreza multidimensional continúa en niveles elevados. Agregó que la primera infancia enfrenta vulnerabilidad en nutrición, salud y educación temprana y pidió claridad sobre las políticas para atender este sector.
El legislador también cuestionó la entrega directa del 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a comunidades indígenas sin mecanismos de verificación. Indicó que no existen padrones públicos, auditorías ni actas de asamblea que acrediten el uso comunitario de los recursos.
La diputada Abigail Arredondo Ramos advirtió que la política social federal se mantiene desconectada de la situación que enfrentan millones de familias. Señaló que aún existen más de 32 millones de personas en pobreza, de las cuales alrededor de 7 millones se encuentran en pobreza extrema, y destacó rezagos en salud, educación y juventud.
Arredondo reiteró que el PRI respalda los programas sociales, pero sostuvo que el apoyo no implica avalar prácticas sin mecanismos de evaluación o transparencia. Subrayó la necesidad de que los programas tengan impacto verificable en la población.
El diputado Samuel Palma César afirmó que la Secretaría de Bienestar debe atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y garantizar un manejo transparente de los padrones. Explicó que las transferencias económicas han tenido una incidencia limitada y que el INEGI identificó un incremento en la población sin acceso a servicios de salud, estimado en más de 40 millones de personas.
Los diputados del PRI reiteraron que su partido ha impulsado históricamente los programas sociales y sostuvo que seguirán defendiéndolos, con la exigencia de que contribuyan a mejorar de forma verificable las condiciones de vida de las personas beneficiarias.
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