El Senado de la República se dispone a aprobar un dictamen para endurecer las sanciones por el delito de extorsión, elevando la pena máxima de prisión hasta 41.6 años en los casos más graves. La propuesta será discutida este martes en comisiones y el miércoles en el pleno. Una vez aprobada con cambios, la ley regresará a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Congreso para combatir la extorsión, un delito de alto impacto económico y social asociado al cobro de piso, la extorsión telefónica y las amenazas a comercios, transportistas y familias.
Cambios de fondo y criterios para el aumento de la pena
El proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión incorpora cambios de fondo respecto a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre. La modificación central consiste en elevar el tipo penal básico de 25 años de prisión a 41.6 años en los supuestos más graves.
El objetivo de la nueva ley es fijar estándares uniformes para todo el país y cerrar los espacios legales que han permitido la operación de bandas delictivas.
El dictamen establece que las penas se aumentarán significativamente cuando la extorsión se cometa bajo las siguientes condiciones:
- Con violencia.
- A través de amenazas que pongan en riesgo la vida.
- Cuando el delito sea perpetrado desde un centro de reclusión.
La iniciativa busca que las entidades federativas armonicen sus legislaciones para reducir la impunidad y la disparidad de sanciones. Además, contempla mecanismos para mejorar las investigaciones, fortalecer la coordinación entre fiscalías y garantizar la atención a víctimas.
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