Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos pusieron en duda este miércoles la legalidad de los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump. Tanto jueces conservadores como liberales interrogaron duramente al abogado de la administración sobre si una ley de 1977 (la IEEPA), destinada a emergencias nacionales, otorga al mandatario la autoridad para imponer estos gravámenes, o si se invadieron las facultades del Congreso.
El presidente conservador del Tribunal Supremo, John Roberts, cuestionó el alcance de la acción al señalar que la imposición de impuestos y aranceles ha sido históricamente una facultad fundamental del Congreso. Roberts sugirió la posible aplicación de la doctrina de las «cuestiones principales», que exige que las acciones ejecutivas de gran trascendencia política y económica estén claramente autorizadas por el Congreso.
Invasión de facultades y la IEEPA
La administración Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la cual permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional, para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales. Trump es el primer presidente en utilizar esta ley con dicho fin.
El Procurador General de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó que el déficit comercial representaba una amenaza de catástrofe económica y de seguridad nacional, y que los aranceles eran una herramienta clave.
Sin embargo, la jueza conservadora Amy Coney Barrett y la liberal Ketanji Brown Jackson cuestionaron la interpretación de la ley. Barrett interrogó si había precedentes históricos en que la IEEPA confiriera autoridad para imponer aranceles, mientras que Jackson afirmó que la ley fue diseñada para limitar la autoridad presidencial, no para ampliarla.
Implicaciones económicas y poderes ejecutivos
Los aranceles impuestos, que incluyen medidas por el déficit comercial y como presión económica sobre China, Canadá y México por el tráfico de fentanilo, generaron una recaudación estimada de 89 mil millones de dólares entre el 4 de febrero y el 23 de septiembre. Los aranceles podrían generar billones de dólares en ingresos durante la próxima década.
Algunos magistrados conservadores, como Brett Kavanaugh y el propio Roberts, destacaron la autoridad inherente del presidente en las relaciones exteriores. Roberts señaló que los aranceles otorgan mayor poder de negociación. No obstante, el juez Neil Gorsuch manifestó preocupación de que una interpretación amplia de los poderes presidenciales socave la separación de poderes, al preguntar: «¿Qué impediría al Congreso simplemente abdicar de toda responsabilidad de regular el comercio exterior […] y delegársela en el presidente?».
La Corte, con una mayoría conservadora de 6 a 3, suele mostrar deferencia hacia el presidente en política exterior. Un fallo en contra de Trump, cuyas apelaciones fueron presentadas luego de que tribunales inferiores dictaminaran que excedía su autoridad, representaría un cambio significativo. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el gobierno recurrirá a otras vías legales si el fallo es adverso.
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