El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para proteger a las personas usuarias de servicios financieros frente a prácticas abusivas como la emisión de tarjetas sin consentimiento y el cobro de comisiones no autorizadas.
La propuesta reforma diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y busca prohibir que las instituciones bancarias generen cobros por anualidades, comisiones o servicios no solicitados, así como fortalecer el derecho de cancelación de tarjetas de crédito y débito.
Cancelaciones más ágiles y sin costo
De acuerdo con la iniciativa, las entidades emisoras deberán garantizar que la cancelación de tarjetas pueda realizarse presencialmente, por teléfono o por medios digitales, mediante botones visibles y disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. El proceso deberá concluir en un plazo máximo de tres días hábiles, sin costo alguno para el usuario y con la emisión de un comprobante digital o físico.
Además, se establece que, al solicitar la cancelación, la entidad deberá aplicar un bloqueo preventivo inmediato para suspender cualquier transacción o cargo, con el fin de evitar operaciones mientras se formaliza la terminación del contrato.
Prohibición de cargos y obligaciones no consentidas
Monreal plantea que la emisión de una tarjeta sin consentimiento expreso será nula de pleno derecho, por lo que no generará obligación alguna ni será necesaria su cancelación. Las entidades financieras deberán reembolsar cobros indebidos en un plazo máximo de cinco días hábiles y se prohibirá cualquier efecto negativo en el historial crediticio del usuario derivado de productos no solicitados.
El legislador subraya que ninguna institución podrá promocionar o publicitar productos financieros como “sin costo” cuando generen comisiones, anualidades o cualquier otra contraprestación económica.
Supervisión y sanciones
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones en el sector financiero, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atenderá los casos de emisores comerciales.
Las reformas proponen que ambas instituciones puedan aplicar sanciones y medidas correctivas ante incumplimientos o prácticas reiteradas en perjuicio de los consumidores.
Justificación de la propuesta
Monreal argumentó que la iniciativa responde al aumento de reclamaciones registradas por la Condusef, que en 2024 alcanzaron 251 mil 528 casos, principalmente relacionados con tarjetas de crédito, débito y créditos personales. De ese total, 7 mil 594 correspondieron a cancelaciones no atendidas, lo que convirtió este tipo de quejas en la séptima de mayor incidencia.
“El marco normativo reconoce el derecho a cancelar un contrato, pero en la práctica las entidades imponen trámites presenciales o demoras que lo vuelven un proceso desgastante”, explicó el diputado.
Autonomía y protección al consumidor
La iniciativa busca garantizar la autonomía contractual de las personas usuarias, tanto para aceptar como para cancelar servicios financieros. “El problema se da en dos sentidos: cuando se dificulta la salida o cuando se impone la entrada. En ambos casos, se vulnera la voluntad del usuario”, señaló Monreal.
El legislador destacó que incorporar mecanismos digitales y móviles facilitará el acceso a los servicios de cancelación y equiparará las condiciones con las de contratación, al tiempo que fortalecerá los principios de transparencia, buena fe y protección al consumidor en el sistema financiero mexicano.
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