El diputado federal Carlos Gutiérrez Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su rechazo a la reforma a la Ley Aduanera, al considerar que su contenido no combate el huachicol fiscal, sino que beneficia prácticas corruptas y consolida la militarización de las aduanas.
Durante la sesión ordinaria del 7 de octubre de 2025, el legislador argumentó que el proyecto de decreto aprobado en comisiones “protege el huachicol” y no atiende los problemas de fondo en materia de comercio exterior y fiscalización. Según datos citados por el diputado, entre 2019 y 2024, México habría perdido 600 mil millones de pesos por evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) derivado del contrabando de combustibles.
“Esta reforma no combate el huachicol, lo protege, y eso explica por qué el negocio del huachicol sigue creciendo”, expresó desde tribuna. Además, acusó al Gobierno Federal de mantener una política de concentración militar en las aduanas que, dijo, elimina contrapesos institucionales y vulnera la transparencia en la gestión pública.
El legislador priista sostuvo que el modelo de administración aduanal vigente “entrega las aduanas a la discrecionalidad del gobierno” y criticó la falta de profesionalización civil en el sistema. “Ahora el crimen opera desde el Estado mexicano”, afirmó, al tiempo que responsabilizó a las autoridades federales por no garantizar la integridad de los procesos comerciales.
Gutiérrez Mancilla señaló que el Grupo Parlamentario del PRI continuará oponiéndose a reformas que, en su opinión, representen riesgos para la legalidad, la competitividad y la rendición de cuentas. “Aquí estamos los priistas, de frente, con carácter, para defender al país. No nos van a intimidar ni callar”, agregó.
La reforma a la Ley Aduanera forma parte de los cambios impulsados por el Ejecutivo Federal para reorganizar la operación de las aduanas, fortalecer la supervisión y endurecer las sanciones por incumplimientos fiscales. Sin embargo, la oposición ha cuestionado que la medida amplía el control militar y limita la participación del sector privado en los procesos de inspección y comercio exterior.
El dictamen continuará su trámite legislativo en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano mantengan su voto en contra.
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