El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen de la nueva Ley Aduanera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al argumentar que no combate la corrupción ni el huachicol fiscal, sino que refuerza la militarización y la opacidad en el manejo de las aduanas del país.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los legisladores panistas Federico Döring, Guillermo Anaya y Héctor Saúl Téllez señalaron que la propuesta del Ejecutivo mantiene estructuras de poder y protege a funcionarios señalados por actos de corrupción.
El diputado Federico Döring Casar afirmó que el gobierno “miente al presentar la ley como una medida anticorrupción”, y sostuvo que el 99% de la corrupción se encuentra dentro del propio gobierno. “Esta ley no es para combatir la evasión ni el huachicol fiscal. Es una farsa propagandística”, dijo. Recordó además que el llamado “robo del siglo” alcanza los 600 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno ha recuperado menos del 1%.
Por su parte, Guillermo Anaya Llamas señaló que la reforma tiene fines meramente recaudatorios y “castiga al sector productivo mientras protege a los culpables”. Agregó que la medida “no es una estrategia integral contra el huachicol”, sino una política que afecta la competitividad del país.
Anaya presentó una carta del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dirigida al Centro Nacional de Inteligencia, en la que se enlistan funcionarios involucrados en redes de extorsión dentro de las aduanas. “Ninguno de ellos está en la cárcel, todos siguen libres y protegidos por el poder”, enfatizó.
A su vez, el diputado Héctor Saúl Téllez advirtió que el dictamen “mantiene intacta la militarización de las aduanas” y “ratifica la franquicia del huachicol dentro del gobierno”. Señaló que la iniciativa generará costos más altos y procesos más lentos, además de riesgos inflacionarios y afectaciones a los recintos fiscalizados.
El PAN reiteró su postura a favor de aduanas civiles, transparentes y competitivas, y llamó a construir un sistema que priorice la rendición de cuentas y la eficacia institucional. “Esta ley no moderniza, militariza. No combate la corrupción, la protege”, concluyeron los legisladores.
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