El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El dictamen obtuvo 76 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 39 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El proyecto busca modernizar el juicio de amparo, agilizar los procesos fiscales y administrativos, y evitar que los mecanismos de defensa sean utilizados como recurso dilatorio para obstaculizar la recaudación. La votación en lo particular cerró con 70 votos a favor y 39 en contra, tras aprobarse cambios a los artículos reservados y ajustes en los transitorios.
Modificaciones principales
Entre los cambios aprobados, se establece que los juicios de amparo podrán realizarse en línea, con el mismo valor que los expedientes físicos. Además, los jueces deberán dictar sentencia en un plazo máximo de 90 días naturales después de celebrada la audiencia constitucional.
El dictamen también introduce precisiones en materia de interés legítimo, permitiendo la promoción de amparos por lesiones jurídicas individuales o colectivas, aun cuando estas sean inminentes o previsibles, sin necesidad de que sean actuales o directas. Asimismo, la reforma establece que el beneficio de las sentencias podrá extenderse a colectivos sin particularización individual.
Debate legislativo
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, aseguró que la reforma es resultado de un proceso plural y transparente, con audiencias públicas en las que participaron especialistas y organizaciones sociales. “La reforma persigue tres objetivos: modernizar el juicio de amparo incorporando herramientas digitales; hacerlo más ágil cerrando espacios a la dilación, y reafirmar su carácter garantista”, afirmó.
Por el contrario, senadores de oposición manifestaron preocupación por un posible debilitamiento del recurso. Alejandra Barrales (MC) advirtió que la reforma “aleja a los ciudadanos de los mecanismos de defensa”, mientras que Carolina Viggiano (PRI) sostuvo que la medida pretende “debilitar al Poder Judicial y dar manos libres al Ejecutivo”.
Suspensión y materia fiscal
En cuanto a las suspensiones, los jueces deberán valorar el interés social, la apariencia del buen derecho y el interés suspensional, precisando que el orden público se invoca sólo cuando existan actividades que requieran permisos o concesiones federales que no se tengan o hayan sido revocados.
En el ámbito fiscal, se añadieron nuevos supuestos de improcedencia del recurso de revocación cuando existan créditos fiscales firmes. Además, se mantuvo la responsabilidad individual de servidores públicos en caso de incumplimiento de sentencias, descartando que esta recayera en el Estado, como proponía la iniciativa original.
Posiciones encontradas
Por Morena, Ana Lilia Rivera sostuvo que las modificaciones devolverán al amparo su sentido original de protección del interés común y no de defensa de intereses particulares. En contraste, legisladores del PAN, como María Guadalupe Murguía, señalaron que la reforma “reduce los contrapesos ciudadanos y favorece la concentración del poder en las autoridades”.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
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