Diputadas del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados información sobre el estatus de las acciones legislativas para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 6 de septiembre de 2023. La solicitud, firmada por Ivonne Ortega, coordinadora de la Bancada Naranja, Laura Ballesteros, secretaria de la Mesa Directiva, y Anayeli Muñoz, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, destaca que esta es la segunda legislatura en desacato.
La sentencia de la SCJN declaró inconstitucionales los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal. Según el documento, estas disposiciones violan derechos humanos al imponer penas de prisión a mujeres y personas con capacidad de gestar que interrumpen voluntariamente su embarazo, sancionar al personal de salud que brinda apoyo y establecer restricciones injustificadas para acceder al aborto por causales legales.
En el oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, las diputadas señalan que no se han dictaminado iniciativas relacionadas ni se han convocado comisiones o mesas públicas, pese a la existencia de propuestas de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo (PT) que permanecen congeladas desde hace dos años.
El boletín BOL 70_25 indica que el 2 de abril de 2025, durante una sesión de la Comisión de Justicia, se mencionó la instalación de mesas de trabajo para analizar la resolución de la SCJN y las iniciativas presentadas. Sin embargo, a la fecha no existe convocatoria pública, calendario, reuniones ni dictamen al respecto.
Entre las iniciativas pendientes se encuentran la presentada por diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal en materia de salud reproductiva y aborto seguro. También se menciona la iniciativa de la diputada Mariana Benítez Tiburcio de Morena para reformar y derogar disposiciones del Código Penal Federal respecto al delito de aborto.
Otra propuesta destacada es la de la diputada Lilia Aguilar Gil del PT, que reforma los artículos 329 y 332, y adiciona un artículo 331 Bis al Código Penal Federal en materia de interrupción legal del embarazo. Estas iniciativas buscan armonizar el marco normativo con los criterios de la SCJN.
Las legisladoras enfatizan la necesidad de una participación abierta de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y personas interesadas, en concordancia con el principio de Parlamento Abierto y la perspectiva de género.
Finalmente, el documento resalta que el cumplimiento de la sentencia es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos, brindar certeza jurídica a instituciones de salud, personal médico y, sobre todo, a mujeres y personas gestantes en México. Ballesteros declaró: “No puede ser que dependa de tu código postal el ejercicio de derechos, especialmente para las niñas mexicanas”.
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