El diputado federal Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó el rechazo de su bancada al dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, durante la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2025.
Alonso Que inició su intervención expresando solidaridad con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que familiares del mandatario fueron emboscados, hecho que atribuyó a la violencia que enfrentan diariamente las familias en diversas regiones del país.
Postura del PRI
El legislador reiteró que el PRI votará en contra de la reforma, en congruencia con el posicionamiento asumido en 2024, al considerar que la iniciativa busca enmendar errores de técnica legislativa cometidos por el oficialismo en reformas anteriores. Señaló que aprobarla significaría avalar decisiones tomadas con “prisa” durante la administración pasada.
Recordó que la Guardia Nacional fue concebida como un cuerpo civil, pero que con aval de Morena se consolidó como una corporación de carácter militar. Mencionó que esta militarización no solo alcanzó a la Guardia, sino también a puertos, aeropuertos y aduanas.
Impactos en seguridad
El diputado advirtió que las modificaciones no resolverán la crisis de seguridad y podrían debilitar las funciones de las Fuerzas Armadas, cuya misión principal es la defensa nacional. Recordó que la Guardia Nacional cuenta con más de 130 mil elementos, provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la extinta Policía Federal.
En su intervención cuestionó a quién beneficia la reforma, afirmando que no fortalece a la ciudadanía, sino que concentra el poder y deja de lado a policías municipales y estatales, quienes enfrentan salarios bajos y riesgos diarios sin contar con una homologación salarial.
Inseguridad regional
Alonso Que destacó que entre 2023 y 2024 la incidencia de homicidios y delitos aumentó en estados como Tabasco, Chiapas, Campeche y Morelos, todos gobernados por Morena. Sostuvo que las familias en esas entidades enfrentan extorsiones, cobros de derecho de piso y precariedad económica.
Finalmente, llamó a los legisladores a reflexionar su voto, al señalar que el país requiere de responsabilidad civil y no de lo que describió como una estrategia que ha dejado a familias en situación de vulnerabilidad ante la delincuencia y la inseguridad.
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