Vecinos de Azcapotzalco realizaron una clausura ciudadana simbólica en el predio de Av. Camarones 134, en la colonia Obrero Popular, donde se desarrolla un megaproyecto inmobiliario señalado como irregular. Denunciaron afectaciones a la movilidad, al suministro de agua y presuntas violaciones de uso de suelo.
La acción fue encabezada por la diputada local Laura Álvarez Soto y la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, quienes se sumaron a la exigencia vecinal de frenar la obra hasta garantizar su legalidad. Según las denuncias, se construirán ocho torres de 10 pisos con 639 departamentos en un área donde antes existían solo tres inmuebles de cuatro niveles.
Álvarez Soto recordó que antes de esta manifestación se agotaron vías institucionales. En el Congreso capitalino presentó un punto de acuerdo para instalar una mesa de trabajo con autoridades de la Alcaldía Azcapotzalco, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Medio Ambiente, la empresa desarrolladora “Quierocasa” y organismos de gestión del agua y protección civil. Sin embargo, dijo, los diputados de mayoría rechazaron discutirlo con carácter de urgente.
“Los diputados del partido oficial se negaron, no lo consideraron urgente y le dieron la espalda a los vecinos. Tomaron una decisión política en lugar de técnica. Por eso venimos a la calle a exigir que la autoridad actúe”, afirmó la legisladora.
Los habitantes expusieron que la zona presenta presión hídrica, saturación del drenaje y problemas de movilidad, por lo que un desarrollo de esta magnitud agravaría la situación de más de 37 mil vecinos. Además, señalaron dudas sobre la legalidad del uso de suelo otorgado para el proyecto.
Por su parte, Gutiérrez Ureña acusó al Gobierno capitalino y a alcaldías gobernadas por Morena de favorecer a desarrolladores inmobiliarios. “La corrupción nace y se gesta en el Gobierno de la Ciudad en materia inmobiliaria. Se han permitido cambios de uso de suelo y obras aceleradas sin la consulta vecinal necesaria”, declaró.
Los manifestantes adelantaron que la clausura ciudadana simbólica se mantendrá como recordatorio de su oposición y anunciaron que continuarán el seguimiento por vías legales. “En Azcapotzalco merecemos obras legales, responsables y viables. Los vecinos tenemos derecho a exigirlas”, concluyó Álvarez Soto.
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