El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Cultura Cívica que establece sanciones de hasta 36 horas de arresto inconmutable para quienes obstruyan o utilicen de forma indebida el espacio público, incluyendo a los llamados ‘franeleros‘. La votación, realizada el 15 de agosto, registró 53 votos a favor y cero en contra.
La iniciativa fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y dictaminada por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Justicia Cívica y Defensoría Pública. El cambio adiciona el artículo 28 BIS, que contempla cuatro infracciones especiales relacionadas con la ocupación indebida de la vía pública.
Las infracciones incluyen apartar lugares de estacionamiento con objetos, obstaculizar el uso de espacios para estacionarse, exigir pago por vigilar o cuidar vehículos y obtener beneficios mediante el aprovechamiento indebido del espacio público. Estas faltas serán sancionadas como tipo F, con arrestos de 24 a 36 horas, aplicando el máximo cuando exista exigencia de pago.
La reforma también incorpora la fracción XXXIX al artículo 3 para definir vía pública como todo espacio de dominio público destinado al tránsito de personas y vehículos, así como a la prestación de servicios e infraestructura. Se añade un párrafo al artículo 31 para precisar sanciones tipo F y se modifica el artículo 32 para clasificar las nuevas infracciones.
Derecho al espacio público
El dictamen sostiene que la reforma busca garantizar el derecho al espacio público como parte del derecho a la ciudad, fomentando su uso equitativo y seguro. También destaca la necesidad de evitar apropiaciones informales que limiten el acceso colectivo y condicionen su uso a acuerdos particulares.
En el análisis legislativo se cita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho a la ciudad, priorizando criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad. No se identificaron impactos de género ni presupuestales significativos, y se alineó la propuesta con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
La reforma entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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