Durante el mandato de Layda Sansores en Campeche, diversos indicadores oficiales y encuestas ciudadanas muestran un deterioro en seguridad, estancamiento económico, y rezagos en salud y educación, según datos actualizados a octubre de 2025. Estas cifras han generado debate público y cuestionamientos sobre la efectividad de su administración.
En materia de seguridad, el estado pasó de ser considerado uno de los más seguros del país al cuarto lugar nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La percepción de inseguridad también aumentó de 48.8% a 60% entre marzo de 2024 y marzo de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
En ese periodo, se reportó un aumento del 11% en homicidios, 141% en delitos de narcotráfico y 70% en extorsiones, según fuentes no oficiales. El gobierno estatal, por su parte, ha sostenido que la incidencia delictiva bajó 68.17%, aunque existen denuncias sobre posibles modificaciones en los criterios de registro de denuncias que podrían afectar la veracidad de esas cifras.
En cuanto a la economía, datos del INEGI indican que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ha estancado o ha disminuido, sin precisar cifras recientes. Aunque se han impulsado inversiones como el Tren Maya y obras de infraestructura, no hay evidencia concreta de que estos proyectos hayan mejorado el empleo ni reducido la pobreza. Esto ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de dichas inversiones públicas.
El sector salud también presenta retos importantes. En 2022, una encuesta de Rubrum colocó a Campeche en el lugar 24 nacional en desempeño del sistema de salud, con una percepción negativa sostenida. A pesar de una inversión de 60 millones de pesos para atender a personas con discapacidad y la rehabilitación del 97% de las unidades médicas, los datos no reflejan mejoras estructurales. Además, el estado enfrenta altas tasas de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad, sin que se hayan implementado estrategias efectivas para su contención.
En educación, los reportes indican altos niveles de deserción y bajos logros académicos, aunque no se proporcionan cifras oficiales actualizadas. El gobierno ha anunciado inversiones en infraestructura educativa y programas sociales, pero los indicadores clave no han mejorado, lo que genera dudas sobre el impacto real de dichas políticas.
Los datos recopilados de fuentes como el SESNSP, INEGI, reportes oficiales y publicaciones ciudadanas, delinean un panorama complejo de la administración estatal. La disparidad entre los anuncios gubernamentales y los resultados medibles en seguridad, salud, educación y economía ha generado controversia pública y llamados a revisar la estrategia de gobierno.
La gestión de Sansores se ha visto acompañada de críticas sobre la opacidad en la presentación de resultados, especialmente en áreas donde la percepción ciudadana y las cifras oficiales no coinciden, como en el caso de la seguridad. Este desajuste entre los datos gubernamentales y la realidad percibida por la población ha motivado debates sobre la transparencia y la eficacia administrativa en Campeche.
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