El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé imponer este lunes sanciones económicas a 118 personas electas como integrantes del Poder Judicial de la Federación, debido al uso de materiales impresos y digitales conocidos como acordeones, que habrían otorgado ventajas indebidas durante la jornada de votación realizada en junio pasado. Las multas oscilan entre 27 mil y 146 mil pesos, dependiendo del grado de exposición y la capacidad económica de los sancionados.
Entre los casos más destacados se encuentran los de integrantes próximos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A Hugo Aguilar Ortiz, quien será el próximo presidente del máximo tribunal, se le contempla una multa de 39 mil 712 pesos, mientras que a la ministra Loretta Ortiz Ahlf se le impondría la sanción más alta dentro de ese grupo, por 127 mil 508 pesos.
También se proponen sanciones de 95 mil 490 pesos para Yasmín Esquivel, 44 mil 690 para Lenia Batres, 62 mil 905 para María Estela Ríos, así como montos menores para otros jueces y magistrados, como Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías, entre otros. Ninguno de los sancionados será removido del cargo, pero algunos recibirán amonestaciones públicas.
Tribunal de Disciplina Judicial también será sancionado
En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura, también se contemplan sanciones por la presencia de sus integrantes en dichos materiales. La futura titular del órgano, Celia Maya, enfrenta la sanción más elevada: 146 mil 884 pesos. También serían sancionados Bernardo Bátiz (133 mil 884), Eva Verónica de Gyves (146 mil 632), y otros integrantes.
De acuerdo con el expediente del procedimiento sancionador, existen pruebas documentales que confirman la existencia de los acordeones, tanto impresos como publicados en al menos cinco sitios web, entre ellos el de Juristas por la Transformación, donde se difundían guías de votación con candidaturas sugeridas.
El proyecto, elaborado por la Comisión de Fiscalización del INE, establece que los acordeones constituyen una aportación prohibida en especie, pues influyeron directamente en los resultados de una contienda electoral extraordinaria no partidista, afectando la equidad del proceso.
Si bien también se abrieron investigaciones contra Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por su posible financiamiento de dichos materiales, las denuncias fueron declaradas infundadas al no encontrarse pruebas que acreditaran su participación directa en la elaboración o difusión de los contenidos.
Las sanciones económicas fueron individualizadas conforme al 10% del tope de gastos de campaña correspondiente, considerando también la capacidad económica de las personas involucradas y el nivel de exposición pública que tuvieron durante la elección judicial.
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