El empresario Gabriel Hernández fue asesinado la noche del miércoles 16 de julio en Reynosa, Tamaulipas, pese a que desde abril contaba con una orden judicial para ser incluido en el mecanismo de protección a víctimas, tras haber sido secuestrado en 2021.
De acuerdo con medios locales y autoridades de Protección Civil, el ataque ocurrió cuando Hernández conducía su camioneta por la avenida Tecnológico, donde fue interceptado por otro vehículo desde el cual le dispararon en al menos cuatro ocasiones. El vehículo quedó fuera de control y cayó a un canal de riego.
Denuncian omisión del Estado
El Colectivo 10 de Marzo, al que Hernández pertenecía, confirmó el fallecimiento y señaló al Estado mexicano por incumplir su deber de protección.
“Con su vida arrebatada, dejamos el precedente de la falla sistemática del Estado Mexicano para protegernos, a pesar de que a nuestro entrañable amigo y compañero se le había concedido una medida judicial”, expresó el colectivo en un comunicado.
La organización también pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que revise a fondo el funcionamiento del mecanismo de protección, pues acusaron que las autoridades no acatan los amparos judiciales.
“No queremos más madres ni buscadores y defensores de derechos humanos asesinados, por favor (…) tememos por nuestras vidas”, agregaron.
Riesgo para otras personas protegidas
El colectivo expresó especial preocupación por la situación de una pareja de padres buscadores que, aunque cuentan con una orden judicial de reubicación desde el 10 de julio, aún no han sido trasladados a un sitio seguro.
Gabriel Hernández había sido víctima de secuestro en 2021. Posteriormente obtuvo un amparo judicial, y en abril pasado un juez ordenó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas garantizar su protección mediante el Sistema de Atención a Víctimas, medida que no se ejecutó, según la denuncia del colectivo.
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