La diputada federal Ana González González exhortó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a incorporar protocolos con perspectiva de género en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ante el incremento de casos que afectan a mujeres en el estado de Nuevo León.
A través de un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, la legisladora del PRI señaló que, si bien la estrategia nacional contempla medidas como el fortalecimiento de investigaciones, la creación de unidades locales y la atención a víctimas mediante el protocolo de la línea 089, carece de un enfoque que reconozca la violencia diferenciada que enfrentan las mujeres.
González puntualizó que Nuevo León reportó una tasa de 5.58 casos de extorsión por cada 100 mil mujeres en los primeros cinco meses de 2025, lo que coloca a la entidad como la segunda con mayor incidencia en el país. Además, advirtió que más del 97% de estos delitos no son denunciados, lo que complica su atención institucional.
“La extorsión no es un delito neutral. Las mujeres, en particular las emprendedoras, madres de familia y propietarias de pequeños negocios, son vistas como blancos fáciles. Esto no solo afecta su seguridad económica, sino también su integridad física, emocional y psicológica”, señaló la diputada neoleonesa.
De acuerdo con el exhorto, la omisión de protocolos con perspectiva de género vulnera derechos fundamentales y contradice el artículo 21 de la Constitución, que establece que las instituciones de seguridad pública deben actuar bajo principios como la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, y respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género.
La legisladora reiteró la necesidad de modificar la Estrategia Nacional contra la Extorsión para contemplar las condiciones particulares de las mujeres víctimas, especialmente en contextos donde se desempeñan como responsables económicas de sus hogares o lideran negocios de bajo perfil, expuestas a amenazas.
“Exigimos acciones firmes y con enfoque de género. No se puede hablar de seguridad sin garantizar la protección plena de las mujeres frente a un delito que las deja vulnerables y en silencio”, concluyó González ante el Pleno.
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