La diputada federal Laura Ballesteros exigió este lunes 15 de julio que la plataforma Didi repare integralmente el daño causado a Vania Lara, usuaria de Didi Moto, quien sufrió un accidente vial en diciembre de 2024. La legisladora afirmó que este servicio de motocicletas opera en la absoluta ilegalidad en la Ciudad de México, pese a estar prohibido por disposición gubernamental y por resoluciones judiciales.
En conferencia de prensa frente a las oficinas de la empresa, Ballesteros acusó que Didi no brindó atención médica ni activó el seguro prometido, y anunció una exigencia formal a la compañía para que atienda la situación. “Vamos a regresar con abogados y con el gobierno, porque ya está establecido que este servicio está prohibido por su nivel de riesgo”, advirtió.
Testimonio de la afectada
Vania Lara, quien acompañó a la diputada, relató que tras el siniestro —en el que sufrió fracturas en la pierna y ha requerido dos cirugías y rehabilitación— no recibió apoyo alguno por parte de la plataforma. “Metí el reporte en la aplicación y me prometieron atención médica en 30 minutos, pero nunca llegó. Han pasado siete meses y no tengo respuesta de nadie”, explicó.
También denunció que tuvo que atenderse con su propio seguro médico y que perdió su empleo a consecuencia del accidente. Hizo un llamado a otras personas que hayan sufrido situaciones similares a acudir ante autoridades competentes, ya que —afirmó— las aplicaciones no ofrecen garantías reales de atención ni seguridad.
Legislación y contexto
Ballesteros recordó que un juez determinó que quienes usan estas plataformas no son pasajeros, sino copilotos, lo que implica mayores responsabilidades legales y de seguridad para las empresas. Aseguró que más del 50% de los accidentes viales en la capital están relacionados con motocicletas y que al menos 270 personas mueren al año por esta causa en la Ciudad de México.
A pesar de una sentencia judicial y la prohibición explícita del Gobierno capitalino, empresas como Uber y Didi han continuado prestando el servicio, en algunos casos bajo amparos que ya fueron resueltos en contra, indicó la legisladora. Por ello, exigió una mesa permanente con la SEMOVI para atender a las víctimas de este tipo de servicios y suspender su operación mientras no se garanticen condiciones de seguridad.
Respuesta de la empresa
Al intentar entregar un oficio en las oficinas de Didi, personal de seguridad informó que el área legal respondería más adelante, sin ofrecer nombres ni plazos concretos. Ballesteros señaló que si no hay respuesta antes del viernes, acudirá de nuevo acompañada de abogados y representantes del gobierno.
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