La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes la iniciativa para crear una Ley General contra la Extorsión, que permitiría perseguir este delito sin necesidad de denuncia por parte de la víctima. El documento fue enviado al Congreso de la Unión como parte del refuerzo a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta busca que el Estado mexicano asuma el rol de víctima en los casos de extorsión, lo cual permitirá que las autoridades inicien investigaciones sin que las personas afectadas presenten cargos formales.
“El Estado mexicano atiende el delito directamente”, señaló Sheinbaum, al detallar que la ley contempla la persecución obligatoria del delito en todo el país, sin modificar las penas actuales: de 2 a 8 años de prisión y multas de 40 a 160 días.
Coordinación, denuncias y protección
La propuesta legislativa también busca fortalecer el uso del número 089, que permite realizar denuncias anónimas de extorsión telefónica. Mediante este canal, las autoridades podrán solicitar a las compañías telefónicas la inhabilitación inmediata de los números usados para cometer amenazas o activar unidades de investigación en casos presenciales.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, recordó que la extorsión ya es considerada un delito grave en la Constitución, y que esta ley establecería una base jurídica uniforme para que sea perseguido de oficio a nivel nacional, con una coordinación plena entre instituciones federales y locales.
Además, la iniciativa incluye la creación de un mecanismo legal para proteger a víctimas, testigos y personas afectadas, como parte de la responsabilidad directa del Estado en la atención del delito.
Reforma con alcance constitucional
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de combate a la extorsión, que incluye acciones de inteligencia, prevención y respuesta inmediata, y plantea una modificación constitucional para consolidar el combate a la extorsión como prioridad nacional.
El Congreso deberá discutir y, en su caso, aprobar esta nueva legislación, que no modifica las penas existentes, pero cambia el enfoque de persecución, al permitir la actuación directa del Estado incluso sin la intervención inicial de la víctima.
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