En un posicionamiento público, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que México atraviesa una etapa de restricción de derechos y concentración de poder, como consecuencia de la aprobación de un paquete de reformas impulsadas por Morena y sus aliados. Según la bancada priista, estas medidas consolidan un modelo de vigilancia, censura y militarización sin precedentes.
Durante el periodo extraordinario de sesiones, que se prolongó por diez días, Morena avaló un conjunto de reformas en materias de seguridad, telecomunicaciones, población y regulación administrativa, que el PRI calificó como un retroceso institucional. Las y los 37 diputados priistas votaron en contra de cada dictamen y señalaron que las modificaciones se realizaron sin debate amplio, sin análisis técnico y sin respeto a las reglas parlamentarias.
En tribuna, el PRI manifestó que la aprobación de estas iniciativas implica que México tenga menos instituciones autónomas y menos contrapesos democráticos. Entre las reformas, destacaron la eliminación del carácter civil de la Guardia Nacional, medida que, a su juicio, profundiza la militarización de la seguridad pública y no resuelve la violencia.
El grupo legislativo también advirtió sobre la legalización de herramientas de vigilancia que podrían derivar en un “Estado espía”, al contemplar la creación de una CURP biométrica vinculada a datos personales, geolocalización y transacciones cotidianas de la ciudadanía, sin necesidad de orden judicial. “Es un atentado contra la individualidad”, advirtió la bancada priista.
Asimismo, los legisladores denunciaron que la reforma administrativa contempla el desmantelamiento de órganos autónomos como el Coneval, lo que dificultará la evaluación objetiva de políticas públicas. Señalaron que esto convierte al Ejecutivo en juez y parte, con consecuencias negativas para la transparencia y la rendición de cuentas.
En materia económica, el PRI cuestionó la creación de un organismo regulador centralizado bajo el control del Ejecutivo, lo que, según argumentaron, debilitará la competencia y la supervisión imparcial de empresas públicas y contratistas.
El bloque parlamentario calificó este paquete legislativo como un “modelo de control político” que utiliza la legislación para “castigar disidencias y proteger aliados”. Como ejemplo, citaron casos de censura y vigilancia contra periodistas y activistas en entidades como Tamaulipas, Campeche y Sinaloa.
Finalmente, el PRI reiteró que continuará su defensa de la Constitución, la legalidad y las libertades ciudadanas. En su pronunciamiento, subrayaron que mantendrán su oposición a cualquier intento de instaurar un modelo autoritario que sustituya el diálogo democrático con mecanismos de vigilancia y censura.
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