El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República votó en contra de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, al considerar que ambas normas representan una amenaza al federalismo y a los derechos fundamentales.
Durante la discusión, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que las leyes impulsadas por Morena militarizan la seguridad pública, concentran el poder en el Ejecutivo y habilitan mecanismos de vigilancia masiva sin control judicial. Señaló que los dictámenes fueron aprobados sin un análisis suficiente ni diálogo con las entidades federativas.
La senadora Paloma Sánchez Ramos cuestionó que la legislación abandona a las policías civiles y reduce recursos a los estados que no se alineen con el Ejecutivo. En tribuna denunció que en Sinaloa persiste la violencia cotidiana y que “no se vive tranquilo”, pese a los discursos oficiales de coordinación.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya Mota señaló que se destruye el carácter civil de las instituciones de seguridad y se amplían facultades de recolección de datos personales sin orden judicial. Advirtió que esta facultad podría vulnerar derechos a la privacidad y al debido proceso.
La senadora Cristina Ruiz Sandoval afirmó que la norma aprobada no enfrenta la delincuencia organizada, sino que construye un sistema de vigilancia con riesgos de uso político. Sostuvo que, mientras se habla de combate al crimen, persisten crisis de seguridad en estados como Chiapas, Zacatecas y Veracruz.
En el mismo sentido, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca advirtió que la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia legaliza un aparato de espionaje masivo, obliga a las empresas a entregar datos personales sin garantías y otorga al Ejecutivo control absoluto sobre la información. “No vamos a permitir que en nombre de la seguridad se imponga una Gestapo digital”, dijo.
Los senadores Geraldina García Gordillo y Ángel García Yáñez denunciaron que la Guardia Nacional tendrá un régimen especial bajo control de la SEDENA, sin controles civiles ni certificaciones independientes. Advirtieron que la concentración de datos personales construye un modelo autoritario contrario a la Constitución.
El PRI reiteró que no respaldará iniciativas que vulneren el pacto federal ni que conviertan la seguridad en un instrumento de control político, y subrayó la necesidad de fortalecer las policías locales y la prevención de la violencia con respeto a los derechos humanos.
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