La diputada Noemí Berenice Luna Ayala, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, propuso una reforma legal para facultar a los municipios a crear y administrar áreas de restauración y conservación ecológica, como parte de una estrategia frente a la crisis ambiental que enfrenta México por la pérdida de ecosistemas y la alta contaminación.
La iniciativa, respaldada por diversas fuerzas políticas representadas en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, plantea modificar la fracción V del artículo 8º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que las autoridades municipales, además de preservar parques y jardines, puedan establecer áreas prioritarias como humedales, nacimientos de agua y rondas hídricas, entre otros espacios de valor ambiental.
Según Luna Ayala, el país experimenta una degradación acelerada del suelo, pérdida de biodiversidad y contaminación de cuerpos de agua, derivadas no solo de fenómenos naturales, sino de actividades ilegales como la deforestación o el uso de fuentes de energía contaminantes. Estas condiciones, advirtió, vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente sano.
Enfoque preventivo y cumplimiento internacional
La propuesta busca reforzar las capacidades institucionales sin crear nuevas estructuras gubernamentales. Se trata, dijo la legisladora, de fortalecer el papel de los gobiernos locales con criterios técnicos, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y autoridades estatales.
Además, la reforma permitiría a México avanzar en compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de Ramsar sobre protección de humedales. “Nos quedan menos de cinco años para cumplir con la restauración de ecosistemas críticos”, enfatizó.
Luna Ayala explicó que la rehabilitación de estas áreas contribuiría a restablecer procesos ecológicos esenciales, lo que tendría impacto directo en la calidad de vida y reduciría los riesgos asociados al cambio climático y a actividades humanas. “Se trata de un mecanismo de justicia ambiental, que garantiza derechos y previene catástrofes”, subrayó.
Finalmente, la diputada recordó que México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, pero también con altos niveles de deforestación. “Con esta reforma, los datos dejarán de ser solo indicadores negativos, y se convertirán en base para una política ambiental moderna, útil y con enfoque preventivo”, concluyó.
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