La alcaldesa Karen Bass anunció este martes el levantamiento del toque de queda que se impuso en el centro de la ciudad tras varios días de protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
La medida, que restringía la circulación nocturna en una zona de 2.5 kilómetros cuadrados del centro angelino, fue retirada luego de que disminuyeran los arrestos y se registrara una reducción en los actos de vandalismo. “El toque de queda protegió tiendas, restaurantes, negocios y residentes”, señaló Bass, quien agregó que la decisión se tomó tras “esfuerzos exitosos de prevención y supresión del crimen”.
El toque de queda fue implementado luego de que al menos 23 comercios fueran saqueados en medio de las protestas, atribuidas por la alcaldesa a “agitadores que buscaban causar problemas”. La restricción nocturna había sido reducida en sus horarios el lunes previo, como medida preliminar antes del retiro total.
En paralelo, un tribunal federal de apelaciones evaluará este martes la legalidad del despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad, ordenado por el presidente Trump sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. Esta es la primera ocasión desde 1965 en que un presidente activa la Guardia Nacional estatal sin autorización local.
Newsom interpuso una demanda contra el gobierno federal, calificando la decisión como “ilegal” y denunciando que se trató de una estrategia para centralizar el poder en la presidencia. “Esta acción representa una amenaza a la soberanía de los estados”, indicó el gobernador en su escrito legal.
La Guardia Nacional es una fuerza de reserva compuesta por voluntarios, bajo control estatal salvo en situaciones excepcionales. Normalmente se activa para responder a emergencias como desastres naturales o disturbios, pero puede ser desplegada por el presidente en circunstancias específicas.
La intervención federal en Los Ángeles ha reavivado el debate sobre la militarización de las manifestaciones civiles y el alcance del poder presidencial en contextos no bélicos ni insurreccionales. La resolución judicial sobre el caso podría sentar un precedente en el equilibrio de facultades entre el gobierno federal y los estados.
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