El diputado Óscar Fernando Torres Castañeda (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con el propósito de otorgar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) la facultad de iniciar procedimientos sancionadores ante actos de discriminación, ya sea de oficio o a petición de parte.
De acuerdo con la propuesta, las sanciones podrían incluir amonestaciones, multas, medidas de reparación del daño, y otras definidas por el reglamento correspondiente. La reforma modificaría los artículos 15 y 20 de la ley y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen.
La iniciativa establece que el procedimiento sancionador garantizará el derecho de audiencia y defensa del presunto infractor, en estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso. Según el legislador, esta modificación busca cerrar la brecha entre el reconocimiento legal del derecho a la no discriminación y su aplicación efectiva.
Accesibilidad y ajustes razonables
Además de las facultades sancionadoras, la propuesta contempla obligaciones específicas para los poderes públicos en materia de accesibilidad universal. Entre ellas se incluye la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, así como la adopción de ajustes razonables para garantizar que los inmuebles abiertos al público sean accesibles para todas las personas.
También se plantea garantizar el acceso a servicios digitales, tanto públicos como privados, mediante tecnologías accesibles, subtitulación, interpretación en lengua de señas, formatos alternativos, y cualquier otro medio que facilite la inclusión de personas con discapacidad.
Hacia una ley con aplicación efectiva
En la exposición de motivos, Torres Castañeda argumenta que una ley sin consecuencias reales para quienes la infringen corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Agrega que conferir al Conapred capacidad sancionadora permitiría enviar un mensaje institucional claro de que la discriminación no será tolerada por el Estado mexicano.
Finalmente, el legislador subraya que la protección de los sectores más vulnerables es esencial para una democracia efectiva, y que el derecho a la educación, al trabajo, al transporte, al ocio y a la salud debe garantizarse de manera universal, sin importar la condición física, sensorial o intelectual de las personas. Las reformas, concluye, fortalecerían la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger la igualdad.
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